defending rights and civil liberties

Beyond Surrender

Informe Nacional

Los instrumentos de reconocimiento mutuo (en lo que a esta investigación interesa, la Decisión Marco 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados Miembros, la Decisión Marco 2009/829/JAI, de 23 de octubre, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional, así como la Decisión Marco 2008/909/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea) han sido incorporadas a la legislación nacional de manera globalmente correcta.

Si bien las Decisiones Marcos MAPP y PPL tienen trascendencia en la aplicación de la OEDE, son instrumentos poco conocidos por los operadores jurídicos y, por lo tanto, se recurre a ellos tan sólo de manera residual. En este sentido, una cuestión básica observada en el marco de la investigación es la falta de conocimiento técnico en relación con el funcionamiento de los instrumentos de reconocimiento en España. Sin duda un mejor conocimiento de dichos instrumentos permitiría un uso más adecuado de las MAPP o la solicitud de sustitución de la OEDE por una PPL, en casos de cumplimiento de pena.

Otro problema que se ha advertido es que los datos disponibles no son completamente fiables y precisos. Un factor que puede incidir en ello es la forma en la que se lleva a cabo la recogida de datos en los juzgados y tribunales: no parece existir una metodología concreta, ni un mecanismo de control o supervisión. Asimismo, los programas de gestión utilizados por los juzgados y tribunales difieren de una Comunidad Autónoma a otra, así como respecto del Consejo General del Poder Judicial. Tampoco existe un registro independiente que permita conocer el número de OEDEs emitidas y el procedimiento en el que se realizó la emisión, haciendo imposible su localización.

También se ha podido constatar una falta de coordinación entre los órganos judiciales y/o la Fiscalía. Una mayor coordinación (unida, por supuesto, a un mejor conocimiento de los instrumentos UE) evitaría que se violara el principio de especialidad y situaciones absurdas como en el caso de Tito.

La investigación ha puesto de manifiesto que los mayores problemas, retos y desafíos tienen que ver con la aplicación práctica en la emisión de una OEDE. Las importantes modificaciones introducidas por la Ley 23/2014, de Reconocimiento Mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, respecto de los requisitos para la emisión de la OEDE, como son el principio de proporcionalidad y el ingreso en prisión provisional del reclamado tras la entrega, no siempre se aplican. Se sigue recurriendo a la OEDE en fases iniciales de la instrucción o como medio para asegurar la toma de declaración de la persona sospechosa o acusada, cuando la ley no lo permite. No consta que los juzgados o tribunales españoles utilicen, con carácter previo a la emisión de una OEDE, la posibilidad de obtener la declaración de los sospechosos a través de los canales de cooperación en la UE previstos en la ley; hecho que podría no sólo evitar la detención, sino también la posterior entrega. Todo ello supone que, en muchos casos, se aplique de manera desproporcionada la OEDE cuando los juzgados y tribunales tienen a su alcance medidas alternativas de cooperación judicial y reconocimiento mutuo menos gravosas para los derechos de la persona reclamada y para el propio sistema de administración de justicia

Finalmente, durante la investigación no se ha tenido conocimiento de ningún caso en el que los abogado/as hubieran participado en la fase previa a la emisión de la OEDE. La intervención de los abogado/as es fundamental para garantizar una defensa práctica y efectiva: podría fomentar la adopción de medidas alternativas, como las MAPP y PPL, en caso de ejecución de condena y también evitar el recurso a la OEDE en fases previas, por ejemplo, solicitando la declaración e incluso la celebración del juicio por video-conferencia