defending rights and civil liberties

Menores y derechos procesales

Informe Comparativo Regional

Las tres directivas han estado o están en proceso de ser incorporadas a la legislación nacional en los cinco países. En muchos casos, los derechos ya existen en las leyes nacionales y se han rearmado por la aplicación de las directivas. Además, la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho de interpretación, y por tanto, el momento de la situación pertinente de los niños extranjeros, ya que sustenta la capacidad de disfrutar de los derechos establecidos en las otras dos Directivas 2012/13/UE y 2013/48/UE, es la más antigua de las tres y tiene varios añoos para ser incorporada a la legislación nacional. Por lo tanto, la integración en la legislación nacional no es el problema en este momento para la mayoría de los países; la cuestión fundamental es la extensión en la que se están aplicando en la práctica estas disposiciones.

El contexto en el que estas directivas son aplicables también es incierto. Debido a la falta de datos fiables, las cifras y las características de los menores extranjeros acusados/sospechosos cuyos derechos requieren salvaguarda de acuerdo con las directivas se desconoce. Los datos disponibles sugieren que el número de niños extranjeros que son condenados es pequeño. Adicionalmente, los datos indicaron que en el primer lugar no hay muchos niños extranjeros que entren a un proceso penal. La mayor parte de los paiíses incluidos en el estudio, a excepción de uno, tienen sistemas de justicia juvenil con leyes aplicables a los menores e instituciones especializadas en justicia juvenil; aunque estas provisiones no discriminan a los niños extranjeros, tampoco se van a mejorar ni adaptarse a las necesidades especiales de los menores extranjeros atrapados en el sistema de justicia criminal.

El panorama general derivado de esta investigación indica que los derechos procesales son respetados en el plano formal, pero sigue siendo un desafío su implementación. La falta de acceso a la interpretación de calidad es un impedimento base para los menores extranjeros en términos de su capacidad para ejercer otros derechos importantes. Una interpretación pobre o inexistente puede tener un impacto muy real en las vidas de los menores extranjeros que son acusados o sospechosos de haber cometido una ofensa criminal, ya que no son capaces de preparar una defensa adecuada o tener un juicio justo. El estudio encontró casos alarmantes de niños extranjeros que no fueron asistidos por interpretes, no pudieron explicar nada acerca de su sus circunstancias de vida o su edad, y terminaron siendo condenados erróneamente a prisiones para adultos durante meses. Por otro lado, el hecho de no proporcionar la interpretación adecuada, socava el procesamiento efectivo del caso y menoscaba los derechos de otras partes interesadas. Por lo tanto, es en interés de la justicia penal que los derechos procesales sean contemplados por la directiva.

La tarea de asegurar el apoyo adecuado de interpretación en cualquier punto y momento en todos los países de la UE es ardua dadas las permutaciones que pueden surgir al intentar hacer coincidir a los menores extranjeros, que pueden hablar cualquier número de idiomas y dialectos en el mundo, con intérpretes que puedan hablar el idioma del niño, así como que en el país en el que el procedimiento penal se lleva a cabo a un nivel suficientemente alto para garantizar un proceso justo. El reto es considerable y además agravado por la falta de recursos financieros y humanos necesarios para satisfacer estas necesidades. Mientras que las directivas aseguran los derechos importantes y esenciales, el estudio indica que el problema fundamental al que se enfrentan los practicantes reside en el diseño de estrategias y metodologías que sean manejables, proporcionadas, realistas y capaces de satisfacer las necesidades que aparecen sobre la marcha.