defending rights and civil liberties

Menores y derechos procesales

Proyecto PRO-JUS Derechos procesales de los menores sospechosos o acusados en la Unión Europea 

PRO-JUS es un ambicioso proyecto que tiene como objetivo principal garantizar que lo/as menores extranjero/as sospechoso/as o acusado/as en los procesos penales se beneficien de las garantías procesales que les corresponden de conformidad con tres Directivas de la UE sobre los derechos de los sospechosos y acusados en los procesos penales. El proyecto PRO-JUS, implementado en 5 países de la Unión Europea (Bélgica, Francia, Hungría, España y Países Bajos) examinará la situación de los menores extranjeros sospechosos o acusados en los procesos penales, puesto que su especial vulnerabilidad puede impedir el pleno disfrute de los derechos consagrados en la tres directivas procesales (acceso a interpretación y a traducción; derecho a la información y derecho a la asistencia de letrado). 

 
Con el fin de alcanzar estos objetivos, en el proyecto nos esforzaremos por incrementar la base de conocimientos y capacidades de los profesionales del derecho y de los agentes para hacer cumplir la ley (autoridades policiales) y asegurar que se respetan los derechos de los menores extranjeros sospechosos o acusados en los procesos penales. Igualmente, se proporcionarán herramientas para los profesionales de la justicia con el fin de contribuir a la aplicación eficaz y armonizada de las tres directivas procesales en toda la UE y, por tanto, avanzar en el acceso de los menores extranjeros a sus derechos en el marco del proceso penal.
 
 
A los efectos del proyecto, un menor extranjero es «toda persona física menor de 18 años de edad que no posea la nacionalidad del país donde se sea o haya sido un sospechoso o esté o haya sido acusado en un proceso penal'.
 
 
Motivación del proyecto PRO-JUS
 
 
Partimos de la premisa de que los menores carecen de los conocimientos, la capacidad y la independencia para buscar justicia y exigir el respeto de sus derechos. Esta vulnerabilidad primaria se puede ver agravada en el curso de las investigaciones o los procedimientos penales por determinadas condiciones sociales y administrativas, tales como, por ejemplo, ser extranjeros o pertenecer a un grupo minoritario marginado.
 
 
Las garantías procesales que deben ponerse en marcha para los menores sospechosos o acusados en los procesos penales plantean retos adicionales para los sistemas de justicia nacionales cuando los menores son de origen extranjero. Por ejemplo, el idioma es una barrera para que un menor sospechoso o acusado pueda ejercer sus derechos y garantizar que es tratado de manera justa y tenga acceso a la información sobre sus derechos en un idioma que pueda entender, así como a un abogado que le defienda de manera práctica y efectiva.
 
 
Actividades
 
 
Sobre la base de una metodología de investigación diseñada en la fase inicial del proyecto, la obtención de datos a largo de 14 meses y el proceso de análisis cualitativo proporcionarán una visión clara de la situación de los menores extranjeros implicados en procesos penales. 
 
 
Se llevará a cabo una investigación documental que se complementará con entrevistas semiestructuradas individualizadas con grupos de interés (profesionales del derecho y autoridades policiales) que participan en casos de menores sospechosos o acusados en los procesos penales. Los menores extranjeros involucrados actualmente en procesos penales o que hayan sido acusados o sospechosos compartirán sus conocimientos, puntos de vista y opiniones a fin de describir con precisión la situación tanto a nivel nacional como europeo. Asimismo, los menores extranjeros contribuirán a la elaboración de herramientas, incluido un manual para los profesionales de la justicia para garantizar un acceso efectivo a los derechos de los menores extranjeros acusados o sospechosos en procedimientos penales en toda la Unión Europea.
 
 
Esta oportunidad que se brinda a los menores de compartir sus propias experiencias y opiniones en cualquier momento del procedimiento penal allanará el camino para una mejor comprensión de todas las partes interesadas en cuál es la mejor manera de garantizar un tratamiento judicial respetuoso de los menores, apropiado según la edad y cultura de los menores extranjeros, lo que contribuirá al cumplimiento de su derecho a expresar sus puntos de vista sobre los asuntos que les afectan directamente. La información será recopilada y analizada en cinco informes nacionales que a su vez serán compilados en un informe comparativo regional, poniendo de relieve las prácticas más destacables y valorando la transferibilidad de los resultados a otros estados miembros de la UE. Este informe regional igualmente informará del desarrollo del manual antes mencionado.
 
 
Por otra parte, los socios del proyecto sensibilizarán a los actores clave para garantizar el acceso a los casos, así como para concienciar a las autoridades policiales y los profesionales del Derecho sobre las violaciones de los derechos de los menores extranjeros. Se consultará continuamente a lo largo de la ejecución del proyecto a los profesionales sensibilizados para maximizar los resultados y conclusiones de la investigación y análisis. Se realizarán talleres y seminarios nacionales, así como se publicarán artículos, materiales divulgativos y contribuciones a revistas y publicaciones profesionales para compartir los resultados del proyecto con los profesionales del derecho y autoridades policiales y así concienciar tanto de los aspectos positivos, como de las debilidades de las prácticas nacionales. Toda esta información y materiales se podrán consultar en el menú lateral. Por último, se organizarán visitas de estudio e intercambios entre los profesionales de la justicia en el último semestre del proyecto en los países donde se haya valorado positivamente el tratamiento judicial de los menores extranjeros acusados o sospechosos de haber cometido delitos.
 
 
Los socios del proyecto son: Terre des Hommes (Hungría), Defence for Children International (Bélgica y Países Bajos), Hors la Rue (Francía), Terre des Hommes International Federation (Oficina UE) y Rights International Spain (España).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto PRO JUS está co-financiado por el Programa de Justicia de la Unión Europea