defending rights and civil liberties

#SinJusticia

Ley Orgánica del Poder Judicial

* Vídeo entrevista con Joaquim Bosch sobre las reformas de justicia


* Blog RIS. Las Reformas en curso en materia de justicia desvirtúan el Estado de Derecho

Post en Alrevés y Al Derecho: Negando a Montesquieu, ese pijo acráta

* Post en Contrapoder: Nueva reforma de la jurisdicción universal 'made in Spain'

* Declaración conjunta contra la reforma de la Jurisdicción Universal en España

El Gobierno ha reducido drásticamente el número de jueces, eliminando los puestos de 1.200 jueces sustitutos. Disminuir la plantilla del Poder Judicial es una manera de debilitarlo y de reducir las posibilidades de los ciudadanos de obtener justicia. Las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial demuestran la desconfianza del Gobierno hacia los jueces, que también se percibe en las constantes críticas a algunas sentencias, como por ejemplo las que han anulado sanciones impuestas por las Delegaciones de Gobierno a manifestantes, o las resoluciones que han declarado que manifestarse ante los domicilios de políticos es un ejercicio legítimo del derecho de reunión protegido en la Constitución.
 
En los casos de la corrupción política, los fiscales y jueces piden más medios y recursos para poder investigar de manera efectiva y sin retrasos. En los juicios laborales (por despidos, reclamación de salarios, pensiones, prestaciones de desempleo o indemnizaciones), se está tardando entre un año y hasta cuatro años (2018) en llegar a juicio; y en los contenciosos, lo habitual es año y medio. Los jueces denuncian un total colapso de la Justicia y que no dan abasto. Sin embargo, al Gobierno le pareció oportuno prescindir de unos 1200 jueces diciendo que resultaban innecesarios.
 
Para impedir las quejas y críticas por parte de los jueces también se pretende amordazarlos, limitando el derecho a la libertad de expresión de las asociaciones de jueces y fiscales y su derecho a participar en la vida pública.
 
La reforma también afecta a la Justicia Universal; es decir, a la investigación y castigo por parte de los tribunales españoles de graves crímenes internacionales cometidos fuera de España. Los tribunales españoles ni siquiera podrán investigar delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, aunque haya víctimas españolas. Sin embargo, el consenso de la Comunidad Internacional es muy claro: estos crímenes golpean la conciencia de la humanidad y han de ser castigados; es deber de todo Estado investigar y perseguir a sus responsables.
 
Con casos como el proceso al dictador Augusto Pinochet, España había sido un modelo a seguir. Sin embargo, el conflicto diplomático con varios Estados, entre ellos Israel por el asunto del bombardeo de un barrio de Gaza, hizo que en 2009 el Gobierno socialista reformase la ley para que sólo pudieran investigarse estos graves crímenes cometidos en el exterior si los acusados se encontraban en España (algo complicado al tratarse de crímenes internacionales), alguna de las víctimas tuviera nacionalidad española, o existiera “algún vínculo de conexión relevante en España”, y siempre y cuando, ningún otro país o tribunal internacional se encontrara investigando tales hechos.
 
En 2014 el Partido Popular ha ido mucho más allá. Tras el “toque de atención” que las autoridades chinas dieron al Gobierno por el avance del asunto del genocidio en Tíbet, el Gobierno ha pretendido eliminar de un plumazo  la jurisdicción universal. Aprobada mediante un procedimiento “exprés”, la nueva ley incluye una lista de estrictos requisitos que atarán las manos de los jueces españoles y que exige el cierre inmediato de todos los casos abiertos en la Audiencia Nacional, incluidos el del asesinato del cámara José Couso, el asesinato de los curas españoles en Ruanda, de los sacerdotes jesuitas en El Salvador, etc.