defending rights and civil liberties

#SinJusticia

Ley de Enjuiciamiento Criminal

* Vídeo. Entrevista con Carlos Castresana, Fiscal del Tribunal Supremo, sobre la figura del fiscal instructor



* Video. Entrevista a Raúl Maíllo sobre la mutilación de la acción popular


* Debate Jurídico RIS. El fiscal instructor y el principio de oportunidad

* Debate Jurídico RIS. La legitimación popular de la Justicia. Salvar la acusación popular. 

* Informe ONU: "Presentación conjunta para el Examen Periódico Universal de España ante la ONU"

La reforma que quiere hacer el Gobierno de la ley procesal penal hiere de muerte la acción popular, un derecho reconocido en la Constitución. Según la Exposición de Motivos, se impide a cualquier persona jurídica pública o privada de poder ejercer la acción popular resulta necesario para "evitar abusos". Recordemos que el caso Nóos, #BlesaAlBanquillo, los papeles de Bárcenas y otros muchos casos de corrupción política se han iniciado gracias a ciudadanos que han ejercido la acción popular ante una fiscalía que permanecía pasiva. Gracias a la acción popular, muchas asociaciones también han denunciado violaciones de derechos humanos; por ejemplo, torturas y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad que ni jueces ni fiscales suelen investigar o persiguir de oficio. Además, la reforma impide ejercer la acción popular para denunciar graves crímenes de derecho internacional como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o desapariciones forzadas.
 
La reforma además pondrá en manos del fiscal, que depende del Gobierno a través del Fiscal General del Estado, la fase destinada a la investigación de los delitos. No se prevé, sin embargo, la reforma del Estatuto Fiscal que sería necesaria para convertir dicha institución en realmente independiente del Poder Ejecutivo. Esa fiscalía que no ha perseguido de oficio ninguno de los casos mencionados con anterioridad, que solicita 5 años de prisión por un “tartazo a la autoridad”, que recurre el archivo del escrache a la Vice-presidenta y que, por lo general, ante denuncias de lesiones supuestamente causadas por agentes de la autoridad solicita el archivo, tendría la capacidad de decidir, recibiendo órdenes, si resulta oportuno o no ejercer la acción penal y en contra de quién.