defending rights and civil liberties

#SinJusticia

Ley de Seguridad Ciudadana

*  Vídeo. Entrevista con Cristina de la Serna, colaboradora en España de Open Society Justice Initiative dentro de su proyecto “Ethnic Profiling in Europe”, sobre controles policiales discriminatorios y arbitrario.


Análisis Jurídico RIS. El Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Restricción de  los derechos a la libertad de expresión y manifestación pacífica.

Análisis Jurídico RIS. Uso de perfiles étnicos por parte de la policía en España: una oportunidad histórica de erradicarlos.

* Observaciones dirigidas a la ONU sobre el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana 

* Blog RIS: Proteger eficazmente la seguridad ciudadana

Blog RIS"Observaciones de ONU sobre las reformas del Código Penal y Ley Mordaza"

* Informe ONU: "Presentación conjunta para el Examen Periódico Universal de España ante la ONU"
 

El Gobierno quiere reformar la “Ley Corcuera”, la ley de protección de la seguridad ciudadana que lleva en vigor desde 1992. La reforma actual ya ha sido calificada como “ley anti-protesta” y “ley mordaza” porque en ella se sancionan actos que son claros ejemplos de ejercicio pacífico y responsable por parte de la ciudadanía de sus derechos fundamentales a la participación en asuntos públicos, a la libertad de reunión y a la libertad de expresión.

El texto que ha presentado el gobierno incluye que "la ocupación de cualquier espacio común, público o privado" será una infracción por la que se podrá imponer una sanción de hasta 1.000 Euros. Un parque es un espacio común. Una plaza es un espacio común. Una calle es un espacio común. ¿En qué está pensando el Gobierno cuando incluye esta infracción?

La reforma incluye también varias infracciones por celebrar concentraciones y manifestaciones sin haberlas comunicado previamente a las autoridades. Es decir, que se podrá sancionar tanto a quienes hayan organizado y convocado la concentración, como a quienes hayan participado en ella. Sin embargo, el derecho de reunión y manifestación que protege la Constitución incluye también la obligación del Estado de proteger las concentraciones espontáneas, que son las que tienen lugar como reacción inmediata a algún acontecimiento y que no hay tiempo material de comunicar, así como todas aquellas en las que simplemente no hay un organizador determinado. Hace poco más de un año que las Naciones Unidas han recordado esta obligación de proteger en estos casos, refiriéndose a protestas sociales como Occupy Wall Street, las Primaveras Árabes o el 15M en España.
 
¿Y si la protesta tiene lugar en las cercanías, por ejemplo, de un embalse, un puerto o una central nuclear? Pues entonces la sanción podrá alcanzar los 600.000 Euros. El mismo precio se pagará por convocar o asistir a una manifestación en la jornada de reflexión previa a unas elecciones. Una concentración ante el Congreso o Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, aunque no estén reunidos los Diputados, podrá costar a los organizadores, y también a los participantes, hasta 30.000 Euros.

Además, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana incluye que también podrán ser sancionados, como responsables solidarios “quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria", "por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos, pueda determinarse razonablemente que son directores o inspiradores" de reuniones, concentraciones o manifestaciones.

¿Como “inspirador” de una concentración se podrá sancionar a, por ejemplo, el autor de un artículo de opinión en el que se incluyan críticas a la gestión pública o en el que se lamente la falta de movilización de los ciudadanos? Considerar responsable a alguien “por publicaciones” de una convocatoria puede dar lugar a sancionar a quien comparta en una red social, o por cualquier otro medio, el cartel de una convocatoria, sin que siquiera haya participado en la organización de la misma, ni en la propia concentración o manifestación. Responsabilizar, por ser “inspirador” de una concentración a una persona o colectivo por las banderas, signos o eslóganes que se usen en ella implica dar a la administración poder para sancionar a un colectivo totalmente ajeno a dicha convocatoria, pero cuyos símbolos hayan sido utilizados por los manifestantes. 

También se incluyen en la reforma sanciones por actos que son pura libertad de expresión. Por ejemplo, se podría multar a una persona que lleve una careta de Anonymous o una mascarilla blanca en protesta por actividades que contaminen el medio ambiente en una concentración no comunicada. O a quien difunda por internet o cualquier medio la convocatoria de una manifestación.

¿Qué pasaría si se difunde por las redes sociales el mensaje: "Todos a la Plaza Mayor contra la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Tráete tu propia mordaza"? Primero, la policía podría parar y pedir la identificación a cualquier persona que fuera tapada con un pañuelo a modo de mordaza simbólica. Segundo, podría sancionarse a todos los participantes por acudir a una concentración no comunicada. Tercero, a quienes hayan difundido la convocatoria, se les podrá sancionar como autores por la difusión, y como "inspiradores" de la concentración.

El Gobierno también quiere impedir que se grabe o se hagan fotografias a la policía así como que se compartan las imágenes. Esas fotos y vídeos son, sin embargo, las únicas pruebas con las que se han podido denunciar abusos cometidos contra los ciudadanos.

La reforma incluye, además, que se podrá imponer una multa de hasta 30.000 Euros por realizar, por cualquier medio, “ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas", "a las instituciones, símbolos, himnos o emblemas”. ¿Alguien sabe lo que ofende a España?