defending rights and civil liberties

#SinJusticia

Código Penal

* Vídeo. Entrevista con Elisa Veiga, magistrada de la sección octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, sobre la conversión de las faltas en delitos leves y en infracciones administrativas.

* Recomendaciones dirigidas al Congreso sobre la reforma del Código Penal 

* Análisis Jurídico RIS. El Anteproyecto de reforma del Código Penal: libertad vigilada, a la carta

* Análisis Jurídico RIS. Los crímenes de derecho internacional, olvidados una vez más

* Análisis Jurídico RIS. La criminalización de la protesta social

* Post en Agenda Pública: La reforma del Código Penal: castigar sin reinsertar

* Artículo de Opinión en la Cuarta Página de El País: Fortalecer la justicia

Blog RIS"Observaciones de ONU sobre las reformas del Código Penal y Ley Mordaza"

* Informe ONU: "Presentación conjunta para el Examen Periódico Universal de España ante la ONU"
 

La reforma del Código Penal propuesta por el Gobierno es muy criticable, primero, porque no es necesario en este momento reformar precisamente el Código Penal; segundo, porque las modificaciones que incluye la reforma tendrán por consecuencia restringir derechos de la ciudadanía; tercero, porque aquellos delitos que sí deben ser incluidos o modificados no lo son.
 
El Estado puede legítimamente restringir algunos derechos de la ciudadanía con el fin de proteger valores tales como la seguridad y el orden público. Pero las restricciones deben ser proporcionadas y verdaderamente necesarias. De lo contrario, se convierten en ilegítimas e inadmisibles en una sociedad democrática.
 
La reforma incluye numerosas modificaciones de los delitos contra el orden público. Este ha sido uno de los aspectos más criticados del Proyecto, porque es una forma de criminalización de la protesta social y puede poner en riesgo los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, reconocidos por la Constitución y por las normas protectoras de los derechos humanos. A continuación te presentamos algunos de los ejemplos más llamativos: 
 
Se incluye en la reforma el delito de “distribución o difusión por cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a la comisión de un delito de alteración del orden público (…) o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”. La redacción de este artículo es demasiado vaga y da lugar a un margen de interpretación muy amplio. Por ejemplo, si antes o durante una manifestación una persona publica un mensaje muy vehemente en una red social y posteriormente otro, con quien no tiene ninguna relación, comete algún acto violento, ¿se podría considerar al primero culpable de incitación a la alteración del orden público? En este caso estaríamos ante un delito de opinión, que es algo inaceptable en una democracia en la que se tiene que proteger la libertad de expresión
 
Para introducir este delito de difusión de mensajes, en la reforma se elimina el delito que actualmente se contempla en el artículo 559: la perturbación grave del orden público para impedir a otro el ejercicio de sus derechos cívicos. Se pretende eliminar una disposición con la que se protege el ejercicio de derechos civiles y políticos, basada en el entendimiento de que impedir el ejercicio de tales derechos constituye un ataque a la convivencia social en una sociedad democrática, edificada sobre el respeto recíproco de las libertades fundamentales. 
 
En la reforma se incluye también el delito de interrupción de servicios de telecomunicaciones o medios de transporte público. Esto se corresponde con acciones de protesta pacíficas como "Toma el Metro", en la que se accionaron simultáneamente los frenos de varios Metros que estaban parados, para protestar contra la subida del precio del billete. No se produjeron daños ni a personas ni a bienes. 
 
También se crea con esta reforma un delito de ocupación de sedes de empresas o instituciones públicas. Además, se prevé que la pena se agravará cuando esa ocupación se haga en el marco de una protesta social. Pretenden así criminalizar acciones como sentadas u otros actos simbólicos y pacíficos en, por ejemplo, la sede de un banco para protestar contra los desahucios
 
Quieren cambiar también el delito de desórdenes públicos. Actualmente, se exige que se haya actuado en grupo y que el comportamiento haya provocado resultados concretos (lesiones, daños, etc.). La reforma pretende eliminar los resultados concretos, bastando que se hayan dado “actos de violencia”. Sin embargo, no se explica en el texto qué se entiende por "acto de violencia". Esa expresión es demasiado amplia e indeterminada y podría consistir en prácticamente cualquier cosa. Además, se prevé que la simple amenaza será también considerada un delito de desórdenes y le corresponderá la misma pena que a los desórdenes realmente cometidos. Se incluye igualmente una circunstancia agravante si los hechos tienen lugar en una manifestación o reunión numerosa; esto implica que en supuestos de protesta social se aplicaría automáticamente esta circunstancia y la pena podría llegar hasta los seis años de prisión. 
 
Mientras se quiere criminalizar la protesta social, en la reforma no se modifican los crímenes internacionales. España ha firmado múltiples tratados internacionales que obligan a incluir adecuadamente en el Código Penal, por ejemplo, la tortura o la desaparición forzada de personas y a perseguir a los responsables y castigarlos. Sin embargo, organismos de las Naciones Unidas ya han dicho en muchas ocasiones a nuestro país que la actual regulación española de algunos de estos crímenes no es correcta. Por ejemplo, la Convención contra la Tortura exige que se castigue este delito con penas adecuadas a su gravedad. Actualmente, a los casos más graves de torturas les corresponde una pena de un máximo de seis años de cárcel. La misma pena que la reforma del Código prevé para las amenazas de llevar a cabo actos de violencia en una manifestación. En lo que respecta a la desaparición forzada, este delito como tal no existe en el actual Código Penal, ni se prevé su inclusión en el texto de reforma; pese a que así ha sido expresamente demandando por múltiples organismos internacionales.
 
La reforma del Código Penal también propone modificar las medidas de seguridad. Dentro de éstas se incluye la "libertad vigilada", que consiste en obligaciones o prohibiciones que los jueces pueden imponer a una persona después de que haya acabado de cumplir su pena. Esto se introdujo en el Código Penal en 2010 para proteger a las víctimas de delitos de terrorismo o de ciertos delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, la reforma prevé ampliar los supuestos en los que los jueces podrán imponer la libertad vigilada: en concreto, en todos aquellos delitos que tengan una pena de al menos un año de prisión. Es decir, que se podrá aplicar tanto a quien cometió un asesinato como a quien fue condenado por el nuevo delito de difusión de mensajes que puedan incitar a los desórdenes públicos. Pero hay más, la reforma incluye entre las condiciones que un juez puede imponer en la libertad vigilada la de "establecer contacto con personas determinadas o con miembros de un grupo determinado, cuando se trate de individuos de los que pueda sospecharse que pueden facilitarle la ocasión para cometer nuevos delitos o incitarle a hacerlo. También se le podrá prohibir establecer relación, ofrecer empleo, facilitar formación o albergar a cualquiera de las personas mencionadas". Esto es una barbaridad: puede implicar que una persona que haya sido condenada a un año de prisión y una vez que haya cumplido su condena se podrá encontrar con la prohibición de relacionarse con sus amigos o con los miembros de una asociación a la que pertenezca, de trabajar con ellos o de seguir compartiendo piso. Además esta prohibición podrá durar un tiempo indeterminado, porque la reforma prevé que se pueda prorrogar sin límite.