La Sentencia del Tribunal Supremo 101/2012, de 27 de febrero de 2012, en el proceso por prevaricación abierto contra el Magistrado Baltasar Garzón por intentar investigar los crímenes contra la humanidad-desapariciones forzadas de personas cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo confirmó que cualquier actuación tendente a la investigación en sede judicial de tales crímenes es jurídicamente inviable e imposible en España.
