defending rights and civil liberties

2016

21

MAR

El racismo no es una cuestión superada en España

Para muchas personas –muy probablemente blancas, payas y autóctonas- el racismo es una cuestión superada en la España del año 2016. En todo caso, pensarán, es una problemática propia de otros tiempos y de tierras lejanas. Pues bien, lo cierto es que en España sigue habiendo grandes déficits en la lucha contra el racismo y la xenofobia, y así se lo hemos hecho saber desde Rights International Spain al CERD en el informe sombra que hemos presentado hoy.

 

Para muchas personas –muy probablemente blancas, payas y autóctonas- el racismo es una cuestión superada en la España del año 2016. En todo caso, pensarán, es una problemática propia de otros tiempos y de tierras lejanas. Pues bien, lo cierto es que en España sigue habiendo grandes déficits en la lucha contra el racismo y la xenofobia, y así se lo hemos hecho saber desde Rights International Spain al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD, por sus siglas en inglés) en el informe sombra que hemos presentado hoy. El CERD examinará al Estado español los próximos 26 y 27 de abril. En el Día Internacional contra el Racismo, queremos resaltar algunas de las carencias más importantes en la lucha contra este tipo de discriminación. 

 

Carecemos de una Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación.

En el año 2011 se presentó en el Congreso un Proyecto de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación que, de aprobarse, habría supuesto un avance importantísimo en la lucha contra la discriminación puesto que se  daría cumplimiento  en nuestro ordenamiento jurídico a las principales obligaciones internacionales de España en esta materia. No obstante, la tramitación del Proyecto de Ley se paralizó durante la legislatura de la mayoría absoluta del Gobierno actualmente en funciones, dejando desprotegidas a las víctimas del racismo y la xenofobia. 

 

No existe un mecanismo independiente y eficaz de lucha contra la discriminación.

En España existe un Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. Sin embargo, este organismo no es eficaz en la lucha contra el racismo dado que no es independiente (depende del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad) y no tiene competencias para tramitar quejas o litigar. Si de verdad queremos erradicar la discriminación racial y étnica, necesitamos un mecanismo independiente con capacidad para recibir y tramitar quejas y, en un momento dado, litigar ante los tribunales, así como elaborar informes con recomendaciones para las autoridades. 

 

Carecemos de una política unitaria de lucha contra el racismo.

El Gobierno no ha aprobado ninguna política integral y unitaria de lucha contra el racismo. Una vez finalizado en 2014 el período de implementación de la Estrategia Integral contra el Racismo y la Xenofobia elaborada y aprobada en 2011, el Gobierno no aprobó ninguna otra estrategia que le diese continuidad. Sin voluntad política es imposible erradicar el racismo. 

 

No se recogen los datos necesarios para luchar contra el racismo y la xenofobia.

Sin datos desagregados acerca de la composición étnica de la población y de las conductas discriminatorias es imposible diseñar debidamente una política efectiva que pueda combatir el racismo. Si bien desde hace unos años se han empezado a registrar y hacer públicos los delitos calificados por agentes de la policía como delitos de odio, la forma en la que estos datos son recogidos deja mucho que desear, y se sigue sin sistematizar otros datos que serían muy necesarios para hacer un diagnóstico de la situación, tales como las condenas impuestas por delitos racistas o cómo se están reparando estos delitos. En cuanto a los datos sobre la composición étnica de la población, las autoridades se escudan en que la recolección de estos datos sería contraria a la normativa en materia de protección de datos personales. Sin embargo, desde la propia UE (que es donde se origina esta normativa), se ha dicho en reiteradas ocasiones que estas normas no impiden que se recoja datos sobre la composición étnica, siempre y cuando se haga de forma anónima y respetando una serie de salvaguardias.

 

La formación a la policía en materia de lucha contra el racismo es muy deficiente.

La formación en materia de derechos humanos (incluyendo la formación sobre lucha contra la discriminación) que se imparte a los agentes es muy deficiente. Se reservan muy pocas horas lectivas y se imparte de manera muy teórica; no se forma a los agentes en cómo respetar los derechos humanos y combatir la discriminación en el ejercicio de sus funciones. 

 

La policía controla a las personas por su apariencia racial o étnica.

En España, si no eres una persona blanca o “caucásica”, tienes muchas más posibilidades de ser controlado por la policía, aunque no hayas hecho absolutamente nada. A pesar de que se haya denunciado en muchas ocasiones el uso injustificado de perfiles étnicos por parte de la policía y que varias instituciones españolas, europeas e internacionales de protección de los derechos humanos hayan instado a España a tomar una serie de medidas para erradicar este tipo de controles, las autoridades siguen sin dar una respuesta debida. Este tipo de controles, además de estigmatizar a una parte de la población y ser ilegales, han demostrado no ser efectivos en la prevención de los delitos u otros ilícitos. 

Se realizan expulsiones sumarias de personas migrantes y refugiadas.

España devuelve de forma sumaria, violando los derechos humanos (como la tutela judicial efectiva o al procedimiento de asilo) de personas migrantes y refugiadas que entran por las fronteras de Ceuta y Melilla. Cuando se empezaron a documentar estas prácticas en los medios de comunicación, el Gobierno, lejos de tomar medidas para garantizar que se respetara el Derecho internacional y la Ley de Extranjería, aprobó una enmienda para “legalizar” –aunque difícilmente se puede legalizar lo que es ilegal- las conocidas como “expulsiones en caliente”. 

 

Se estigmatiza y discrimina injustificadamente a la población árabe y musulmana en la lucha contra el terrorismo.
 
Algunas de las medidas que ha adoptado el Gobierno recientemente para luchar contra el terrorismo “yihadista”, tales como el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, en la práctica pueden tener el efecto de estigmatizar a las comunidades árabe y musulmana, usando perfiles étnicos, raciales o religiosos. Estas prácticas, además de vulnerar los derechos humanos de las personas pertenecientes a los colectivos afectados, no son nada eficaces en la lucha contra el terrorismo.
 
 
Las víctimas de delitos racistas, si no tienen papeles, no denuncian por el riesgo a ser expulsadas.
 
Cuando una persona en situación administrativa irregular es víctima de un delito y denuncia a la policía, se expone a un riesgo cierto de que se incoe un procedimiento administrativo sancionador por su estancia irregular. De este modo, muchas personas migrantes que se encuentran en esta situación no denuncian por el miedo a las represalias, incluso si son víctimas de delitos racistas, lo que redunda en la impunidad y la no reparación de estos delitos. 
 
 
Si una persona es extranjera y no tiene papeles, puede ser privada de libertad por una infracción meramente administrativa.
 
La estancia irregular en España es una infracción de tipo administrativa, al igual que pudiera ser aparcar mal o hacer ruido por encima de los decibelios permitidos. Nadie iría a prisión o sería privado de libertad por la comisión de una infracción meramente administrativa, salvo que se trate de una persona extranjera “sin papeles”. En ese caso, y sólo para estas personas, la normativa permite que se les detenga en un Centro de Internamiento de Extranjeros mientras su procedimiento sancionador se tramite. Se trata de una política discriminatoria que debería ser abolida por vulnerar los derechos humanos. 
 
 
Existen indicios de segregación de niñas y niños de origen gitano y migrante en centros escolares.
 
Hay informes que documentan que en algunas comunidades autónomas hay centros escolares en los que prácticamente la totalidad del alumnado (o desde luego, en un porcentaje muy superior al que representan en la población del municipio de que se trate) son de origen gitano o migrante. La segregación racial es una forma de discriminación institucional que está prohibida por el Derecho internacional; por lo que las autoridades deberían evaluar la situación para valorar si esta segregación se está produciendo en la práctica y, de ser ciertos los informes, tomar medidas para erradicarla.