defending rights and civil liberties

2014

16

OCT

El futuro de la Justicia en el aire con el nuevo Ministro de Justicia

Desde que se le nombrase tras la dimisión de Gallardón el pasado 29 de septiembre, ayer tuvo lugar la primera comparecencia de Catalá, nuevo Ministro de Justicia, ante la Comisión de Justicia del Congreso...

Desde que se le nombrase tras la dimisión de Gallardón el pasado 29 de septiembre, ayer tuvo lugar la primera comparecencia de Catalá, nuevo Ministro de Justicia, ante la Comisión de Justicia del Congreso. Su intervención era muy esperada tanto por los grupos parlamentarios como por las organizaciones que trabajamos en el ámbito de los derechos humanos, dado el terrible impacto de muchas de las reformas, aprobadas o en trámite, promovidas por su predecesor (Ley de Tasas, Ley de Justicia Gratuita, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley Orgánica del Poder Judicial, etc.). De hecho, desde Rights International Spain ya le hicimos llegar nuestras preocupaciones al poco de su nombramiento.

El Ministro empezó su intervención refiriéndose a una serie de encuestas sobre las opiniones de la justicia por parte de la ciudadanía –que denotan una percepción muy negativa-, asegurando que se trata de uno de los parámetros que iba a guiar sus políticas. También afirmó reiteradamente que intentaría obtener el consenso en todas las iniciativas, tanto con el resto de los grupos parlamentarios como con todos los operadores jurídicos. Paso seguido, el Ministro dio algunos, aunque pocos, detalles sobre las políticas y reformas que iba a impulsar (o en su caso, retirar). Se anunció además que en los próximos días facilitaría un calendario en el que detallaría la hoja de ruta para todas las reformas.

Medidas “encaminadas a mejorar la justicia”
Catalá aseguró que trabajaría para la mejora de la administración de la justicia, reforzando la planta judicial con un incremento de la inversión y una puesta en marcha de fórmulas “para mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles”. Ahora bien, el incremento de la inversión del 26% (que supone una inversión de 77 millones), parece quedarse corta si se tiene en cuenta el recorte de 215 millones de euros que hizo Gallardón. Hay que recordar además que España es, de largo, uno de los países del Consejo de Europa que menos invierte en Justicia. Anunció que se crearían nuevas plazas en el sector justicia, incluyendo 282 unidades jurisdiccionales nuevas –que parecen insuficientes teniendo en cuenta que las asociaciones han indicado que hay en este momento unos 450 jueces sin plaza. También prometió, aunque sin precisar cuáles, medidas instrumentales para mejorar las condiciones de trabajo del personal de la administración de justicia e incorporar más profesionales.

Tasas Judiciales
El nuevo Ministro también abordó una de las medidas más polémicas de Gallardón: la introducción de tasas judiciales. Sobre este punto reconoció que se trata de una medida que ha provocado un gran rechazo –y así pudo comprobarlo en su visita al Consejo General de la Abogacía Española la semana pasada. Anunció que se haría un “diagnóstico de la situación” para tener “información detallada y minuciosa” del impacto de las tasas, comprometiéndose a eliminar todas aquellas tasas que supongan un obstáculo a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía. En ese análisis también se concretará, según dijo el Ministro, el impacto de otros causas que hayan podido tener un impacto en la disminución de la litigiosidad, tales como la imposición de costas o la propia crisis económica. Como se recalcó en una de las intervenciones del turno de preguntas, es llamativo que se vaya a hacer este diagnóstico de situación antes de retirarlas, cuando no se hizo análisis alguno en el momento de imponerlas. En cualquier caso, numerosos colectivos de abogados ya han alertado de las nefastas consecuencias de estas tasas, concluyendo que la única solución compatible con la tutela judicial efectiva es la eliminación de toda tasa que se imponga a las personas físicas o a las PyMEs. Es más, todos los grupos parlamentarios, salvo el Popular, pidieron su derogación. Por otro lado, el Ministro no se comprometió a suspender la aplicación de las tasas judiciales mientras se realiza este “diagnóstico de situación”.

Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
Si bien se refirió brevemente a la reforma de la Ley de Justicia Gratuita –también fuertemente criticada por operadores jurídicos y organizaciones de derechos humanos-, no dio una sola pista sobre si iba a sufrir o no modificaciones importantes. Se limitó a decir que sería “leal” con las comunidades autónomas, y que se incluiría una enmienda para crear una partida que aseguraría la financiación de la justicia gratuita. Admitió el rechazo que ha suscitado esta norma, pero nuevamente, se limitó a decir que sería objeto de un análisis.

Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima
El Ministro prometió consenso en la tramitación parlamentaria de esta norma, a la que por cierto no se ha reservado ni un sólo euro en los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Tampoco precisó si estaba abierto a introducir determinadas mejoras en el texto para dar cumplimiento a los estándares internacionales y regionales de derechos humanos, tales como la protección de las víctimas de tortura o de los extranjeros en situación irregular que quieran denunciar delitos.

Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Catalá no precisó qué aspectos del actual Anteproyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, impulsada por su predecesor y que todavía no ha sido remitida al Congreso, iban a mantenerse. Sobre este punto prometió que se mantendría la actual demarcación y planta, pero nada dijo sobre el resto de las cuestiones reguladas en el Anteproyecto, como por ejemplo las medidas encaminadas a limitar la libertad de expresión de jueces y magistrados o la afectación de la garantía de inamovilidad de los jueces, la supresión de la democracia interna y de la participación de los jueces en la elección de sus órganos de gobierno, todas ellas que afectan gravemente a la independencia judicial.

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
El Ministro anunció que se impulsaría una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: una nueva reforma parcial de la norma vigente, que al parecer incorporaría algunos de los aspectos del nuevo Código Procesal Penal, que por cierto está en el cajón desde la anterior legislatura. Tampoco fue muy preciso sobre esta reforma, pero sí prometió que se abordaría la reforma de la segunda instancia penal (asignatura pendiente, que de hecho ha motivado una condena del Comité de Derechos Humanos de la ONU), que se establecería un plazo máximo para la instrucción para evitar las dilaciones indebidas, que se modificaría la denominación del “imputado” por el estigma social de esta palabra entre el público general, y que mejoraría la regulación de la intervención de las comunicaciones dadas las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). No precisó, en cambio, si se introducirían otras reformas que también han recomendado organismos internacionales y motivado condenas del TEDH, como la erradicación de la detención incomunicada.

Reforma de la Ley de Gracia
Catalá anunció, al igual que hiciese su predecesor, reformas en la Ley de Gracia para restringir los supuestos en los que cabe concederse un indulto por parte del Gobierno. Cabe preguntarse, sin embargo, si son factibles tanto esta reforma como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando ambas requerirían informes del Consejo de Estado, Consejo Fiscal y Consejo General del Poder Judicial con carácter previo a su remisión al Congreso de los Diputados, y más teniendo en cuenta que a la presente legislatura le resta sólo un año.

Reforma del Código Penal
Tampoco se aclararon qué aspectos de la actual propuesta de reforma del Código Penal, en tramitación en el Congreso desde hace más de un año, seguirían siendo impulsados por el Grupo Popular, pero prometió que buscaría el consenso y que sería una reforma realista. Sobre la prisión permanente revisable no terminó de posicionarse, aunque sí que mencionó que a su juicio sí es constitucional. Tampoco aclaró (a pesar de que varios diputados le preguntaron expresamente sobre esta cuestión) si se mantendría la eliminación de las faltas o las reformas relativas a los delitos contra la autoridad y de alteración del orden público. Aseguró, eso sí, que se tipificarían los matrimonios forzados, que se mejoraría la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género, que adecuaría a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional los delitos de odio y que buscaría el consenso en materia de discapacidad (aunque con esto no precisó si se retiraría la posibilidad de imponer medidas de seguridad más gravosas que las penas privativas de libertad previstas para los delitos cometidos por personas inimputables).

Reforma de la Ley del Aborto
A preguntas del grupo socialista, el Ministro contestó sobre las reformas a la ley del aborto. Confirmó que se introducirían limitaciones al aborto de menores de 16 y 17 años, eliminando la posibilidad de que puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Esta reforma se introducirá a través de la Ley de Protección de la Infancia, actualmente liderada por el Ministerio de Sanidad.

Los silencios del Ministro
Además de no concretar suficientemente el sentido de las reformas que enumeramos más arriba, el Ministro no dijo ni una sola palabra acerca de otras cuestiones muy importantes, obviando de este modo la contestación a varias preguntas de los grupos parlamentarios. No mencionó nada acerca de la reforma de la Jurisdicción Universal, a pesar de que todos los grupos (salvo el PP) se hayan mostrado en contra. Tampoco se pronunció sobre las recomendaciones de diversos mecanismos de Naciones Unidas sobre víctimas de desapariciones forzadas y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo. Otra laguna importante fue la relacionada con los reproches que también se han recibido de organismos internacionales de protección de los derechos humanos en relación con la falta de salvaguardias frente a las torturas en España.

A pesar de que haya un notable cambio en las formas con respecto de su predecesor, el futuro de la Justicia, de nuestro Estado de Derecho, siguen en el aire. Resulta además francamente contradictorio que el Ministro diga por un lado que las reformas serán realistas, y que por otro lado anuncie nuevas reformas de varias leyes orgánicas, a tan sólo un año del final de la legislatura. No nos queda claro si con el cambio de titular se van a producir mejoras o si la situación de atropello a los derechos de la ciudadanía va a mantenerse. En cualquier caso, desde Rights International Spain seguiremos de cerca todos los pasos que se den desde el Ministerio de Justicia, velando por que todas las medidas se acomoden a las obligaciones de España en materia de derechos humanos.

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