defending rights and civil liberties

2014

29

AGO

30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

La mejor manera que tiene el Gobierno de rendir homenaje a las víctimas de desapariciones forzadas en España es cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia y aplicar las recomendaciones de la ONU. Urge al Estado presentar disculpas oficiales a las víctimas “que vayan más allá de un reconocimiento genérico”.

Aunque se desconoce el número exacto de víctimas de personas hechas desaparecer durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista –lo que ya evidencia la desidia absoluta de las autoridades españolas en esta materia-, según los datos del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, España es probablemente el país con el mayor número de desapariciones forzadas en el mundo: con al menos 114.266 personas desaparecidas.

Las desapariciones forzadas constituyen una violación continuada de varios derechos fundamentales, que se mantiene hasta el momento en que se establecen el destino o paradero de la víctima. Hasta la fecha, este es el caso de los más de cien mil desaparecidos enterrados en fosas comunes por toda España. La impunidad sistemática existente, que es tolerada y promovida por el Estado español, contribuye a prolongar el sufrimiento de sus familiares, que son también víctimas de desaparición forzada según la definición internacional.

Como bien dijo recientemente el Relator Especial sobre verdad, justicia, reparación y no repetición de la ONU, hablar de víctimas no nos hace partidarios de unos u otros, sino que nos coloca del lado de los derechos humanos. Las familias de los desaparecidos en España quieren conocer la verdad sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos. Como ha recordado el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, “este es un derecho absoluto” y “una obligación que el Estado español debe satisfacer de acuerdo al derecho internacional”. Tanto el Grupo de Trabajo como el Relator Especial de la ONU, han destacado que dada la avanzada edad de los familiares es urgente que el Estado adopte como una prioridad la búsqueda de las personas desaparecidas.

El Grupo de Trabajo ha recordado también que “[a]un cuando varios aspectos de la desaparición forzada puedan haberse completado años o décadas atrás, si otras partes de la desaparición persisten, especialmente si no se determina la suerte o el paradero de la víctima, deberá considerarse el caso por parte de los tribunales penales y no deberá fragmentarse el acto de la desaparición forzada (…). Aun cuando a modo de hipótesis, la prescripción fuese permisible, la misma solamente puede aplicarse una vez agotada la investigación judicial y no de manera preliminar”. Por su lado, el Comité contra la Desaparición Forzada –también de la ONU- ha exigido al Gobierno que “asegure que todas las desapariciones forzadas son investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismasy aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal; adopte las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones; (…) y que las víctimas reciban reparación adecuada”. Sin embargo, las autoridades españolas siguen negando el carácter continuado de la desaparición forzada, lo cual impide que se investiguen estos delitos, cosa que preocupa a todos los mecanismos internacionales que han examinado o visitado  España.

El proyecto de ley de reforma del Código Penal sigue incumpliendo el Derecho internacional, pues no incluye la tipificación de la desaparición forzada de manera autónoma. El Comité contra la Desaparición Forzada indicó a España que se incorporase “la desaparición forzada como un delito autónomo que se ajuste a la definición contenida en el artículo 2 de la Convención y sea punible con penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad” (en términos muy similares también se ha pronunciado el Grupo de Trabajo).

En vista de todo ello, y con ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, desde Rights International Spain hemos lanzado a través de la Plataforma Europea de Libertades una petición dirigida al Presidente del Gobierno y al Ministro de Justicia a la que puede sumarse cualquier persona, solicitándoles que de una vez por todas, den cumplimiento a las obligaciones internacionales de derechos humanos en esta materia, cesando en los comportamientos que ignoran deliberadamente y de forma continuada los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación y adoptando las medidas instadas por la ONU. En concreto, demandamos que se incluya el delito de desaparición forzada en el Código Penal, que se establezca la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo, que se investiguen las desapariciones  y que los responsables sean enjuiciados, en su caso sancionados, y que se otorgue una reparación integral a todas las víctimas. Todas estas medidas deberían adoptarse con carácter de urgencia.