defending rights and civil liberties

2013

30

MAY

Mi derecho y el derecho de todas

Tenía tres años cuando intentaron abusar sexualmente de mi y logré evitarlo. A partir de ese momento adquirí conciencia de que mi condición de mujer en ningún momento le concedía a otro el derecho de sentir libre acceso a nuestros cuerpos...

Tenía tres años cuando intentaron abusar sexualmente de mi y logré evitarlo. A partir de ese momento adquirí conciencia de que mi condición de mujer en ningún momento le concedía a otro el derecho de sentir libre acceso a nuestros cuerpos ni le otorgaba al Estado otro derecho que no sea el de proteger la vida. Protegerla tanto como debe proteger el derecho a la libertad y a decidir. Y esa protección implica la creación de mecanismos y leyes que le permitan a las mujeres ser mujeres, desde cada una de sus realidades y necesidades. Procurando garantizar derechos esenciales e inherentes a su condición de mujer sin ser condenadas por ello. Es decir, es deber elemental de los gobiernos implementar políticas públicas, que si bien son dictadas de manera general, reflejen y permitan el desarrollo individual de cada ciudadana. Dicha implementación implica el cumplimiento de dos requisitos indispensables: la existencia de estudios especializados en la materia que se trate y la difusión y participación de las pretensiones estatales con la sociedad civil. Sin contar con esos dos factores, cualquier intención estatal, especialmente en materia de vida y salud pública, está condenada al fracaso.

En América Latina la situación de los derechos sexuales y reproductivos, al igual que en otras partes del mundo, ha sido incorporada en la agenda política gracias principalmente al impulso del movimiento de mujeres en los últimos años. Logrando avances importantes como elevar su conceptualización y ser considerados derechos también humanos. En este sentido, es indiscutible el efecto regional que posee el desarrollo legislativo alcanzado en otros países como España, sin embargo, se trata de un proceso en construcción, que se enfrenta además a distintas ideologías, muchas contrarias a la ampliación de los derechos humanos hacia espacios de autonomía sobre el propio cuerpo y la sexualidad. En la actualidad, sólo Cuba permite el aborto libre. En el otro extremo, Chile, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua (desde 2009) no permiten el aborto aún en los casos en los que la vida de la mujer embarazada corre peligro. En otros países, el aborto es ilegal, aunque las leyes contemplan excepciones a la pena cuando el embarazo supone un riesgo para la salud física o psíquica de la madre (aborto terapeútico) y en otras circunstancias puntuales; cuando el feto presenta malformaciones graves (aborto eugenésico) y/o si el embarazo es consecuencia de una violación (aborto ético).

Ahora, si bien muchos movimientos de la región han tomado como referente la ley LO 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción del embarazo, vigente en España, hoy la situación toma otros colores en el país ibérico. La ley, en vigor desde julio de 2010, reconoció el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad dentro de un límite establecido. No ha disparado el número de abortos —en contra de lo que algunos suponían— y goza, según encuestas, del apoyo de la mayoría de españoles. Sin embargo, las intenciones actuales del gobierno son claras: reformarla. Involucionando en materia de protección de derechos fundamentales de la mujer y atentando contra los requisitos esenciales mencionados antes, en lo que respecta a la implementación de políticas públicas: sin debatir, sin estudios, sin argumentos.

Es fácil de determinar, por simple sentido común, que la tendencia humana es la de satanizar todo aquello que a nuestra moral le resulte inconcebible. Así, satanizamos históricamente desde el rock hasta el uso de las faldas, porque resulta más cómodo culpar lo inerte antes que reconocernos responsables y libres. Lo mismo pasa en lo que respecta a sexualidad y reproducción. El ser humano, por default, prefiere huir, evadir y esconderse antes que enfrentar, decidir y asumir. No se trata de promover el aborto como bandera blanca para la promiscuidad, aquello no podría estar más alejado de la realidad. Se trata, en simple castellano, de promover una sexualidad responsable; de permitir el ejercicio de libertades en un marco de respeto de derechos; de no condenar lo diferente; de mejorar los programas de salud pública, bienestar social y desarrollo familiar; de recordar que una vida con miedo a lo distinto no es vida; y, que la construcción de una familia no nace de jerarquizar el derecho a habitar este plantea. En mi caso, jamás me practicaría un aborto, lucharía por la vida que crece en mí, con uñas y dientes, y las políticas públicas existentes deben garantizarme ese derecho. Es mi derecho y el derecho de todas que nuestras libertades y el ordenamiento jurídico vigente no respondan a la moral de turno.

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