defending rights and civil liberties

2013

24

OCT

Expulsar a observadores internacionales, incumplir compromisos

El pasado viernes 27 de septiembre, apenas veinticuatro horas antes de que comenzara en Madrid una manifestación contra la monarquía, el Gobierno comunicó a un grupo de observadores internacionales, que se habían desplazado ya hasta aquí, que no eran bienvenidos...

El pasado viernes 27 de septiembre, apenas veinticuatro horas antes de que comenzara en Madrid una manifestación contra la monarquía, el Gobierno comunicó a un grupo de observadores internacionales, que se habían desplazado ya hasta aquí, que no eran bienvenidos; es decir, que no les permitiría realizar sus labores de observación al día siguiente.

Los observadores en cuestión eran una misión de ODIHR, la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores les comunicó que el Gobierno había cambiado de opinión y ya no deseaba que realizasen sus labores de observación, los seis miembros de la delegación se encontraban en Madrid, donde se habían desplazado después de haber solicitado previamente permiso a las autoridades españolas y de que éstas aceptaran su visita y su presencia durante la manifestación del sábado 28. Como consecuencia del repentino cambio de opinión de nuestras autoridades, los miembros de la misión de la organización internacional abandonaron el país. El Director de ODIHR emitió un comunicado, expresando su decepción y sorpresa por esta decisión de último minuto, y en el que también dejaba clara su preocupación por las intenciones que las autoridades pudieran tener de cara a la inminente concentración.

España es uno de la países fundadores de la OSCE, que se creó en el año 1994, como consecuencia del proceso de institucionalización de la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa y de la que nuestro país también formaba parte. España cuenta con una representación permanente ante la OSCE, en Viena, y participa activamente en las actividades de la organización. Todo ello implica que nuestro país asumió como propios los principios y valores en los que se basa la organización, que aceptó desde su incorporación a la misma los compromisos que la pertenencia a esta organización supone. Entre estos valores fundacionales se cuenta la protección de los derechos humanos y, entre los compromisos, que las instituciones del Estado harán todo cuanto esté en su mano para asegurar la protección de tales derechos (dentro y fuera de su territorio) y, también, para facilitar y apoyar las actividades y labores de la organización.

Si echan un vistazo a las páginas web institucionales (Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Defensa, etc.) verán cuántos compromisos internacionales ha asumido nuestro país desde los años setenta. Leerán cuán comprometidos estamos con la defensa de los derechos humanos y lo activos que somos en todas las organizaciones a las que pertenecemos. Encontrarán datos de las misiones internacionales en las que nuestros militares, diplomáticos, funcionarios de varios cuerpos, han participado. Incluso podrán ustedes hacer un listado de iniciativas, acuerdos, declaraciones, recomendaciones, adoptados gracias al decisivo impulso de las delegaciones españolas en las distintas organizaciones y conferencias internacionales. La defensa y protección de los derechos humanos ha estado, efectivamente, en la agenda de la política exterior de nuestro país desde que se reinstauró la democracia.

Por eso mismo es sorprendente, y preocupante, que el Gobierno haya decidido echar a los observadores de ODIHR. Es loable que un Estado invierta recursos (humanos y económicos) en mantener representaciones permanentes ante una organización, que participe en la elaboración de textos normativos y que envíe personal a misiones en el extranjero, cuya labor es asegurarse de la protección de los derechos humanos. Aunque lo más importante es predicar con el ejemplo. Y ello supone no sólo proteger en el propio territorio el ejercicio de los derechos humanos, también aceptar que las organizaciones a las que uno pertenece puedan vigilar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, informar sobre ello y, en su caso, realizar las observaciones que consideren apropiadas.

Sorprendente es también que ningún medio de comunicación de nuestro país, con una excepción, haya incluido, en las noticias relativas a la manifestación del sábado 28, siquiera una mínima referencia a la decisión del Gobierno de rechazar la presencia de los observadores de ODIHR. Imaginemos por un momento que esto hubiera sucedido en otro país (Rusia, Turquía… elijan el que ustedes prefieran); que allí se fuera a celebrar una manifestación, que los observadores se hubieran desplazado allí tras obtener el permiso de las autoridades y que, veinticuatro horas antes, esas mismas autoridades les hubieran mandado de vuelta por donde habían venido, impidiéndoles cumplir con su mandato. Probablemente, esto habría sido considerado relevante por la prensa española; incluso se habrían sacado conclusiones. O quizá no.

En cualquier caso, la ausencia de toda referencia a ello es preocupante. Quizá tal ausencia se deba a que la prensa no le ha dado suficiente importancia. En ese caso, no está de más que aprovechemos para hacer algo de autocrítica. Los profesionales y las organizaciones que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos quizá no hemos logrado trasladar claramente algunos mensajes. Es posible que el mismo concepto de “derechos humanos” no se entienda tan claramente como nosotros creemos. Es posible también que no hayamos logrado que se cobre conciencia de la facilidad con la que, en sociedades democráticas, se pueden ver mermados derechos que dábamos por adquiridos y de los riesgos que eso implica. En fin, quizá no hayamos sido capaces de hacer entender lo importante que es el respeto y el cumplimiento de las normas internacionales.

Sin embargo, es fundamental que todos entendamos y asumamos esto. No sólo las instituciones del Estado, también la sociedad civil y los medios de comunicación deben ser conscientes de ello, para así reclamar y exigir que se cumpla con las obligaciones internacionales adquiridas, que constituyen una garantía para los ciudadanos. No debemos permitirnos el lujo de dar por sentado que en nuestra sociedad no se conculcan derechos. No debemos caer en el error arrogante de considerar que desde las organizaciones internacionales no tienen motivo para señalar las vulneraciones de derechos que se producen en nuestro país y no nos conviene, tampoco, menospreciar la labor que estas organizaciones realizan.

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