defending rights and civil liberties

2013

11

NOV

El TEDH protege el Estado de Derecho: valoración de la Sentencia Del Río Prada c. España

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) confirmó, el lunes 21 de octubre, la condena a España en el asunto Del Río Prada...

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) confirmó, el lunes 21 de octubre, la condena a España en el asunto Del Río Prada (ver aquí el Análisis Jurídico de RIS). En julio de 2012, la Sección Tercera del TEDH concluyó que la aplicación de la “Doctrina Parot” a la etarra Inés Del Río constituía una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) en la medida en que con ello se vulneró el principio de legalidad (art. 7) y el derecho a la libertad (art. 5). Esta conclusión ha sido confirmada por la Gran Sala.

En cuanto a la violación del artículo 7 del CEDH, el principio de legalidad, la Sentencia de la Gran Sala establece que la aplicación de la Doctrina Parot constituyó una aplicación retroactiva de una interpretación de la ley, algo que “el artículo 7 del Convenio prohíbe de forma absoluta (…) cuando ésta es desfavorable al reo” (párr. 116, in fine).

Al crear la mencionada doctrina, “el Tribunal Supremo dio una nueva interpretación a las disposiciones de una ley que, en sí misma, ya no estaba en vigor, a saber, el Código Penal de 1973, que había sido derogado por el Código Penal de 1995” (párr. 114), aún cuando “al adoptar las disposiciones transitorias del Código Penal de 1995, el legislador pretendía mantener los efectos del sistema de redenciones de la pena por trabajo realizado en prisión establecido en el Código Penal de 1973 en relación a personas condenadas con arreglo a ese Código –como la demandante- precisamente para cumplir con las reglas que prohíben la retroactividad de la norma penal más desfavorable” (párr. 114). “Sin embargo, la nueva interpretación del Tribunal Supremo, (…) privó de todo efecto el beneficio de las remisiones de pena  ya reconocidas, condujo en la práctica a anular los efectos de este dispositivo en detrimento de la demandante y de otras personas que se encontraban en una situación similar” (párr. 114, in fine).

La Gran Sala entiende que el cambio de interpretación respecto del cómputo de las redenciones de penas que operó el Tribunal Supremo en 2006 vino motivado por consideraciones de política criminal, pero considera que éstas “no bastan para justificar el cambio jurisprudencial” (párr. 116). Puesto que, “[s]i bien la Corte reconoce que el Tribunal Supremo no hizo una aplicación retroactiva de la Ley nº 7/2003 por la que se reformó el Código Penal de 1995, es ciertamente claro que la motivación de la sentencia del Tribunal Supremo pone de manifiesto un objetivo idéntico al de la mencionada ley” (párr. 116). Y es precisamente en ello en lo que radica la vulneración del principio de legalidad, a través de la aplicación retroactiva, por vía de interpretación jurisprudencial, de la esencia de una reforma desfavorable. Ello lleva al TEDH a concluir que si bien los Estados son libres para establecer su política criminal, no lo son para disponer de valores y derechos fundamentales protegidos por el CEDH.

Por lo que respecta a la vulneración del derecho a la libertad (art. 5 del CEDH), la Gran Sala considera que desde el 3 de julio de 2008 (el día siguiente a la fecha en la que Del Río debería haber sido puesta en libertad si no se le hubiera aplicado la Doctrina Parot) su mantenimiento en prisión ha sido irregular. Para que una detención (o mantenimiento en prisión) sea conforme a las exigencias del CEDH, es necesario que la norma sobre la base de la cual se impone la privación de libertad cumpla con el requisito de previsibilidad.

Sin embargo, en este caso “el Tribunal estima que, en el momento en que fueron pronunciadas las condenas de la demandante, que trabajó en prisión y que recibió la notificación de la decisión de la acumulación y liquidación de condenas, [aquélla] no podía prever razonablemente que las modalidades de cálculo de las redenciones de pena por trabajo serían objeto de un cambio de interpretación jurisprudencial operado por el Tribunal Supremo en 2006 y que este cambio le sería aplicado” (párr. 130). Esta falta de previsibilidad del nuevo método de cómputo de beneficios penitenciarios consolidados es lo que conduce a la vulneración del derecho a la libertad, puesto que la consecuencia de la aplicación de la Doctrina Parot ha sido que Del Río “[h]a cumplido (…) una pena de prisión de una duración superior al castigo que debería haber sufrido según el sistema nacional en vigor en el momento  de su condena, teniendo en cuenta las redenciones de pena que le habían sido ya reconocidas conforme a la ley” (párr. 131). 

Como consecuencia de la Sentencia de la Gran Sala, apenas treinta horas después de que se conociera el fallo de Estrasburgo, Inés del Río fue puesta en libertad, tal y como, de oficio y por unanimidad, ordenó el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un Auto hecho público a media mañana del día 22. La Sala hace hincapié en su Auto en que su decisión de ordenar la excarcelación es consecuencia del carácter vinculante y de obligado cumplimiento que tienen las Sentencias del TEDH:

“Ha de convenirse en el carácter vinculante de la sentencia, de obligado cumplimiento para nuestro Estado, que adquirió la obligación internacional de dar efectividad y ejecutar las sentencias del Tribunal al prestar su consentimiento al Convenio Europeo para la protección de los derechos civiles y las libertades fundamentales (su art. 46.1 establece el compromiso de los Estados parte de acatar las sentencias en los litigios en que sean demandados; algo que la sentencia se ha visto en la necesidad de recordar).

El Convenio Europeo integra nuestro ordenamiento jurídico, según el art. 96.1 de la Constitución (Ce, en adelante), y las normas relativas a derechos fundamentales y libertades públicas deben interpretarse de conformidad con los Tratados internacionales (art. 10.2 Ce); el Tribunal Europeo es el órgano cualificado de interpretación del Convenio y sus decisiones son obligatorias y vinculantes para todo Estado parte. Los jueces y los tribunales están sometidos con exclusividad a la ley, única fuente de legitimidad de su actuación (art. 117 Ce). Aquí, sujeción a la ley significa vinculación al Convenio y a las decisiones y doctrina de su órgano de garantía jurisdiccional.” (Fundamento Jurídico Segundo)

En este asunto Del Río Prada c. España, el TEDH ha reafirmado la importancia que el respeto de las normas tiene en un Estado de Derecho. Ese respeto se impone siempre y en todo lugar, también en el marco de la lucha antiterrorista. De hecho, los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y las organizaciones internacionales afirman que el respeto general de los derechos humanos y del estado de derecho debe ser un pilar fundamental de la lucha contra el terrorismo. El marco normativo internacional establece la forma en que algunos derechos pueden ser modulados o suspendidos en situaciones excepcionales. Estas medidas restrictivas no sólo son plenamente válidas en el contexto de las leyes de lucha contra el terrorismo, sino que son “suficientes para una lucha eficaz”. Por ejemplo, las Líneas Directrices sobre los Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo del Consejo de Europa afirman que cuando una medida restringe los derechos humanos, tales restricciones deben estar definidas de la manera más precisa posible y ser necesarias y proporcionadas al fin perseguido. Así pues, la primera obligación que imponen los estándares internacionales se refiere precisamente al principio de legalidad, pilar básico en un Estado de Derecho.

En definitiva, lo que recuerda esta sentencia del TEDH es algo tan básico y fundamental como que la ley es vinculante y que en un Estado de Derecho hay que cumplirla. El Poder Judicial tiene que respetar al legislador en la aplicación de las normas y, a su vez, el legislador tiene que respetar las normas y estándares internacionales. En un Estado de Derecho tan importante es aplicar las normas a quienes han cometido un hecho delictivo, como importante es que el poder judicial respete las normas que prevén un tiempo máximo de condena. La misma legislación que autorizó que Del Río fuera condenada a un total de casi 3.000 años de prisión es la que autorizaba que los penados, sin excepción, vieran reducido su tiempo de cumplimiento por trabajar y desarrollar actividades en prisión. Que el legislador modificara su criterio en 2003 no autorizaba a que las nuevas restricciones se aplicaran con carácter retroactivo.

La irretroactividad de las normas penales es una garantía esencial e irrenunciable en un Estado de Derecho
. Proteger a cualquier persona que esté bajo su jurisdicción contra actos de terrorismo –así como enjuiciar y castigar a los autores de tales actos– no sólo es un deber imperativo de los Estados, sino un derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. Nadie pone en duda que a la hora de abordar los problemas de seguridad derivados del terrorismo se requiere, en algunas ocasiones, de medidas excepcionales que limitan determinadas garantías. Pero el respeto a la legalidad constituye una barrera infranqueable para los Estados. Eso es lo que ha venido a recordar la Gran Sala del TEDH en esta última sentencia en el asunto Del Río Prada contra España, pronunciándose a favor del respeto y la protección debidos de los Derechos Humanos y de las bases del Estado de Derecho.

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