defending rights and civil liberties

2013

10

DIC

Proteger eficazmente la seguridad ciudadana

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de reforma de la Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana. Se inicia así el procedimiento parlamentario para la modificación de la Ley aprobada en 1992, siendo entonces Ministro del Interior José Luis Corcuera, y que recibió multitud de críticas...

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de reforma de la Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana. Se inicia así el procedimiento parlamentario para la modificación de la Ley aprobada en 1992, siendo entonces Ministro del Interior José Luis Corcuera, y que recibió multitud de críticas, traduciéndose tanto en manifestaciones y movilizaciones de la sociedad civil, como en la presentación de buen número de recursos de inconstitucionalidad. La “ley de la patada en la puerta”, como se la apodó, entró en vigor enmendada por el Tribunal Constitucional y aún marcada por esas críticas que merecía al hacer prevalecer la seguridad pública sobre los derechos y libertades civiles de los ciudadanos.

El texto que viene a modificar la ley de 1992 ha sido ya calificado como “ley anti-protesta” y “ley mordaza”, antes siquiera de que se hiciera público el Anteproyecto. Hace meses que, desde el Ministerio del Interior y algunas Delegaciones de Gobierno, se han venido realizando declaraciones favorables a un endurecimiento de la ley de seguridad ciudadana. Estas declaraciones normalmente se han hecho después de movilizaciones sociales concretas, muchas de ellas perfectamente legales en el ordenamiento jurídico vigente, como así han confirmado nuestros tribunales.

Los poderes públicos tienen la obligación de proteger la seguridad ciudadana y el orden público, por ello son legítimas las restricciones de derechos que tengan como finalidad asegurar tal protección. Ahora bien, para que se mantenga esa legitimidad, los conceptos de seguridad y orden público deben interpretarse de manera limitada y no extensiva. Dicho de otro modo, no es aceptable en una democracia que, con la excusa de proteger la seguridad y el orden, se aprueben leyes excesivamente restrictivas de los derechos y libertades civiles de los ciudadanos.
Sin ánimo de realizar un análisis exhaustivo de la reforma propuesta por el Ministro del Interior y aprobada por el Consejo de Ministros, merecen ser destacadas algunas cuestiones relevantes.

A la hora de limitar el ejercicio de derechos esenciales en sociedades democráticas, como son los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión, los poderes públicos tienen que ser especialmente cuidadosos. En primer lugar, la restricción ha de ser siempre la mínima necesaria para asegurar el cumplimiento de los fines que se persiguen (en este caso, la protección de la seguridad ciudadana). En segundo lugar, la redacción de las normas restrictivas de derechos debe ser clara y precisa, evitando indefiniciones que dejen un margen de interpretación demasiado amplio, con el fin de impedir todo riesgo de arbitrariedad en su aplicación. Finalmente, debe prevalecer siempre la presunción a favor del ejercicio de los derechos y libertades civiles.

Por ello, llama la atención que en la propuesta de reforma se considere reprochable la mera participación en una concentración o manifestación, como es el caso de la infracción por participar en una reunión durante la jornada de reflexión previa a la celebración de elecciones. Ejercer el derecho de reunión, ejercer con ello el derecho a la participación en asuntos públicos, es la esencia de la democracia y ha de ser especialmente respetado y protegido. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene dicho que la libertad de participar en una manifestación tiene tal importancia que nadie puede verse sancionado por el simple hecho de esa participación (Sentencia Barraco c. Francia de 05 de marzo de 2009, párr. 44).

No tiene justificación que se considere solidariamente responsables a los convocantes, organizadores o “inspiradores” de una manifestación por los daños que en el transcurso de ésta puedan provocar los asistentes. Los estándares en esta materia son muy claros y excluyen la responsabilidad de los organizadores de concentraciones pacíficas por actos de terceros, como recordó recientemente el Relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación en su Informe de abril de 2013 (párr. 78). Por otro lado, resulta inquietante el uso del concepto “inspiradores”, dado su carácter indefinido. Cabe preguntarse si para ser considerado “inspirador” de una manifestación será necesario haber participado activamente en la organización de aquélla o si bastará que quienes de hecho la convoquen o quienes participen en ella se hayan, literalmente, “inspirado” de las tesis de otro respecto de una cuestión de interés general.

Es también preocupante que se introduzcan varias infracciones de “ofensas o ultrajes” a España, a las Comunidades Autónomas, a símbolos o ideologías, teniendo en cuenta que ello puede fácilmente conducir a sancionar la expresión de opiniones, algo inaceptable en una democracia. No hay que olvidar que el derecho a la libertad de expresión protege también, y sobre todo, aquellas opiniones y expresiones chocantes y molestas.

Dificultar, disuadir o sancionar el ejercicio de derechos equivale a negarlos. No hace falta cambiar la Constitución y eliminar el catálogo de derechos y libertades fundamentales que en ella se incluye para lograr el objetivo de hacer que parte de esos derechos no puedan, de hecho, ser disfrutados y ejercidos por los ciudadanos.

Lo que caracteriza a una democracia es precisamente que en una sociedad democrática se admite el debate, la crítica, las opiniones molestas, chocantes, el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos. La seguridad ciudadana se traduce, de hecho, en la posibilidad de ejercer los derechos que reconocen la Constitución, las normas internacionales y las leyes. Confiemos en que, durante el trámite parlamentario, se adecúe el texto de la reforma a los límites que han de ser respetados por el legislador en un Estado de Derecho.

  • El derecho de acceso a la información es primordial en tiempos de crisis

    18 MAY

    Los ciudadanos deben estar informados en tiempo real y tener acceso a información veraz que prevenga la proliferación de noticias falsas, que les ayude a entender lo que ocurre para no perder la confianza en los gobiernos y sus instituciones, y, a su vez, poder vigilar sus acciones.

  • Emergencia judicial ante la crisis sanitaria originada por el COVID-19

    11 MAY

    La emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha provocado en la administración de Justicia, como en muchos otros sectores, una auténtica revolución, cuyas consecuencias sufren/sufrimos todos y todas; en suma, operadores jurídicos y ciudadanos/as o, mejor dicho, personas físicas y jurídicas, debiendo tener en cuenta también a la población extranjera que, lógica e igualmente, disfruta del acceso a la justicia. Por ello, la calificación aquí de emergencia judicial, fruto de la mencionada crisis sanitaria, aún de incierto futuro.

  • Las libertades en tiempos de excepcionalidad pandémica

    20 ABR

    La enorme conmoción causada por el coronavirus también debe llevarnos a valorar su impacto en nuestro sistema de garantías, derechos y libertades

  • El falso debate entre privacidad y seguridad en situaciones de crisis

    15 ABR

    La pandemia provocada por el coronavirus está poniendo a prueba los servicios sanitarios de los países que la están sufriendo. Una situación que se ha propagado rápidamente, y que ha obligado a adaptarse a gran velocidad. Esto ha llevado a que se busquen soluciones acudiendo de nuevo a la tecnología, pero con poco tiempo para su valoración profunda en cuanto a cómo afectan a derechos de ciudadanos.