defending rights and civil liberties

2013

11

MAY

Libertad de expresión, democracia y protesta social

Se ha dicho que la libertad de expresión es el nervio de la democracia, que no hay democracia sin libertad de expresión. Se dice también que no es un fin en sí mismo sino un medio para alcanzar otros fines...

Se ha dicho que la libertad de expresión es el nervio de la democracia, que no hay democracia sin libertad de expresión. Se dice también que no es un fin en sí mismo sino un medio para alcanzar otros fines, la manera de decidir colectivamente cómo queremos vivir entre todos y, acaso por eso mismo, la manera que tiene el pueblo de hacer visibles e imaginar una solución creativa para los problemas con los que tiene que medirse determinado grupo o sector social.

Por eso, como bien dijo Jacques Rancière (1996), el horizonte de la democracia no son los acuerdos sino los desacuerdos. La democracia es la posibilidad de practicar el disenso, de señalar una distorsión, de poner en común o hacer evidente soluciones vividas como problemas, circunstancias experimentadas como problemáticas o injustas. La democracia no es la fatalidad de decir sí, sino la posibilidad de decir no. De allí que la democracia sea siempre la lucha por la democracia. La democracia supone abrir permanentemente ámbitos de manifestación, producir espacios de polémica o litigio para demostrar lo que es justo o, mejor dicho, lo que un sector social o un grupo entienden que es injusto.

La democracia es un orden desordenado, inestable, que requiere esfuerzos continuos por los incesantes desplazamientos y renegociaciones constantes entre los diferentes actores sociales. “Las cosas siempre podrían ser de otra manera”, dijo la politóloga Chantal Mouffe (2007). Por eso la democracia siempre estará incompleta, es irreductible a una expresión de una vez y para siempre. Los acuerdos están recomponiéndose permanentemente a partir de los disensos puestos de manifiestos. Los consensos nunca son totales y los demócratas liberales lo saben perfectamente. Acaso por eso mismo, como señaló alguna vez Agustín García Calvo, el truco consista en hacer pasar la mayoría por totalidad, y la expresión de la totalidad es “la opinión pública”.

Por otro lado, pensar la democracia desde el desacuerdo implica no perder de vista la dimensión antagónica de lo político, su carácter contradictorio: “la dimensión conflictual de la vida social.” Sin embargo, como señaló Mouffe, en una democracia pluralista, conviene transformar el antagonismo en agonismo, evitando de paso que los adversarios se transformen en enemigos. Lo que no significa que la política sea redefinida en la dirección impulsada por Jürgen Habermas alguna vez, en una esfera racional que se dispone para el consenso. La democracia pluralista implica, por el contrario, reconocer los conflictos sociales, pero esos conflictos se encuentran “domesticados”.

Acaso por todo eso, “democracia” significa el “gobierno del pueblo” que, en una sociedad masificada, cuando la política se ha masificado, necesita de un diálogo fluido entre representantes y representados. Ese diálogo supone desarrollar un debate público, que debe ser desinhibido (completo), vigoroso (fuerte) y abierto (plural). Pero también necesita, como señala Pierre Rosanvallon (2007), de la contrademocracia. Repetimos: no hay democracia sin contrademocracia. Si la democracia es la expresión de la confianza de los ciudadanos sobre los representantes, la contrademocracia, por el contrario, es la reserva de desconfianza. A través de sus diversas formas (poderes de control, poderes de obstrucción y poderes de enjuiciamiento) los ciudadanos velan para que los representantes elegidos sean fieles a los compromisos que asumieron. Por eso, según Rosanvallon, los poderes contrademocráticos no solo no son opuestos a la democracia sino que constituyen su complemento necesario.

Para que el pueblo pueda gobernarse (debatir, decidir y controlar), esto es, autodeterminarse, fijarse sus propias leyes e instituciones, decidir libremente cómo quiere vivir; manifestar los problemas que padece, pero también sus deseos, sus esperanzas; comunicar los problemas que tiene, peticionar a las autoridades; para que un grupo pueda decir no, practicar el desacuerdo, se necesitan tres cosas:

Primero, necesita del compromiso de los ciudadanos. No hay democracia sin activismo social. Los ciudadanos tienen que involucrarse o participar activamente en los debates públicos. Los ciudadanos no pueden quedarse sentados en su casa, siguiendo desde lejos las cosas frente al televisor. Deben comprometerse, formar parte activa de los debates que los involucra en tanto ciudadanos.

Segundo, precisa espacios públicos. No hay democracia sin espacios de encuentro y expresión, sin esferas públicas donde presentar los problemas, ámbitos para peticionar a las autoridades, para poder compartir con los otros sectores de la sociedad los problemas que tienen los ciudadanos que se están manifestando. Esos espacios de encuentros son espacios pluridimensionales, en la medida en que no solo se trata de una esfera racional, sino también afectiva. Los debates no solo suponen intercambios de argumentos sino que suelen ser debates apasionados. Las pasiones son los insumos morales para sostener colectivamente procesos de manifestación pública. Pero son también espacios o pluriactorales o heterogéneos, en la medida que participan actores con distintas concepciones de mundo, distintos valores, distintos estilos de vida.

Y tercero, requiere de la libertad de expresión. No hay democracia sin debate público. La discusión colectiva reclama de la capacidad expresiva de los múltiples actores en cuestión, estén o no estén directamente involucrados en la problemática concreta. Porque de lo que se trata es de decidir entre todos cómo queremos vivir entre todos. Ahora bien, para que los ciudadanos puedan expresarse libremente necesitan de todo aquello que crea las condiciones para la libertad de expresión, a saber: la posibilidad de desplazarse (no hay libertad de expresión sin libertad de movimiento, circulación); de reunirse (no hay libertad de expresión sin libertad de reunión); organizarse (no hay libertad de expresión sin libertad de asociación u organización) e informarse (no hay libertad de expresión sin derecho a la información, sin acceso a la información).

En una democracia, la libertad de expresión no es la libertad de expresión individual sino la libertad de expresión colectiva. No son los individuos sueltos los que se expresan sino los individuos agregados en otros colectivos. La libertad de uno no termina donde comienza la del otro sino que, por el contrario, parafraseando a Spinoza, la libertad de uno se potencia con la libertad del otro. Si el otro no es libre, si el otro no puede decir no, entonces tendré serias dificultades para manifestar mi desacuerdo. Como dijo Roberto Gargarella: “[…] el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, es uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática. […] El socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente el nervio principal del sistema democrático.” (Gargarella, 2005: 26).

El autogobierno colectivo requiere de un diseño institucional acorde también a la estructura social. Para que el pueblo pueda gobernarse, no podemos perder de vista las desigualdades sociales. En una sociedad capitalista, los ciudadanos no son siempre el mismo ciudadano. No todos tienen las mismas capacidades expresivas, los mismos recursos para poder hacerlo. Hay sectores sociales que, por las particulares circunstancias en las que se encuentran, por la posición que ocupan en las relaciones sociales de producción, están en una situación de desventaja. De modo que la democracia necesita no solo de un diseño institucional que mantenga fluido el diálogo entre los representantes y los representados, sino además de un diseño institucional acorde a esta estructura social desigual.

En primer lugar, una de las instituciones más importantes que prevén las constituciones ha sido, sin lugar a dudas, el sufragio universal. Cada dos o cuatro años los ciudadanos serán convocados para que manifiesten su opinión sobre los representantes y los términos de la representación, es decir, sobre aquellas personas y las agendas que compusieron los partidos políticos que sostienen a los candidatos para hacerse cargo de los problemas que tiene la ciudadanía.

Sin embargo, no debería acotarse la democracia al voto. Como bien señala Gargarella, se han sobredimensionado las posibilidades expresivas del sufragio. En sociedades como las nuestras, con los problemas que tienen, problemas de toda índole (económica, política, cultural, de género, étnicos, etc.), los sectores marginales o desaventajados no pueden esperar dos o cuatro años para manifestar los problemas que se les presentan, no pueden postergar su petición, aguardar a la próxima elección. Si una persona o un grupo de personas no quiere morir de hambre, si no quieren que sus hijos desfallezcan en una salita sanitaria sin médicos, sin equipamiento o sin medicamentos, esas personas tienen que tener la oportunidad para expresar lo que les pasa en ese momento. Esperar dos o cuatro años puede, por el contrario, agravar el problema que se quiere hacer visible, y llegar a circunstancias irreversibles.


El sufragio, entonces, es un sistema torpe o se vuelve torpe, en la medida en que torna discontinuo el diálogo entre los representantes y los representados toda vez que las elecciones, que se demoran en el tiempo, se concentran además sobre determinados temas o ejes generales.

Cuando la democracia se circunscribe al voto, se genera un déficit de representación que, en sociedades como las nuestras, atravesadas por continuas crisis de representación (esto es, por la incapacidad del sistema de partidos para agregar los intereses de los diferentes sectores sociales y la incapacidad del sistema político para canalizar los conflictos sociales), puede afectar la gobernabilidad y conducir a una crisis institucional que le puede costar demasiado caro a la democracia. No se trata, entonces, de un problema menor: el déficit representacional como consecuencia del bloqueo institucional, puede poner en crisis a la propia democracia en la medida que se desentiende y desautoriza la manifestación de determinados actores, dejando afuera del juego político a importantes sectores sociales.
En segundo lugar, otra de las instituciones previstas en los entramados legales que tienen los ciudadanos para hacer pública las peticiones a las autoridades y compartir con el resto de la sociedad los problemas que tiene un determinado grupo o sector social, es la comunicación pública. A través de los medios masivos de comunicación los ciudadanos pueden presentar sus problemas, manifestar su desacuerdo.

Como dicen las constituciones: todo el mundo tiene la posibilidad de publicar sus ideas sin censura previa. En este caso, los ciudadanos no tienen más que acercarse a las puertas de los estudios de radio o televisión, o hasta la redacción del diario y solicitar una reunión con los periodistas, sensibilizarlos o convencerlos, para que estos releven como “noticiable” su problema y le dediquen algunas líneas o le otorguen un espacio. Todo ello, por supuesto, cuando no pueden pagar una solicitada o comprar un espacio en esos medios o imprimir su propio periódico, tener su propia radio o canal de televisión.

Sin embargo, es sabido que en la actualidad los medios masivos de comunicación resultan prácticamente inaccesibles para la gran mayoría de los ciudadanos. Cuando la comunicación pública se organiza a partir de la capacidad económica, es decir, en función del dinero que tenemos o podemos reunir, las ideas populares sobre los problemas sociales van a tener dificultades para circular y hacerse conocer. Siempre van a tener más “chances de llevar sus mensajes más lejos y a más personas, aquellos que cuentan con mayor respaldo económico detrás y no los que tienen ideas potencialmente activas” (Gargarella, 2005: 142).

En otras palabras, cuando los medios de comunicación se encuentran distribuidos en función de la capacidad económica, expresar los problemas supondrá –a veces– ganarse la atención de los periodistas que siempre persiguen los acontecimientos extraordinarios, y otras veces, pagar un precio para contar con ese espacio en el medio (sea una publicidad o una solicitada). De modo que aquellos que no cuentan con el dinero suficiente o no controlan la radio o la televisión, o la publicidad callejera, no tienen demasiadas posibilidades para expresar sus ideas, de contar sus problemas. Solo aquellos que cuenten con mayores recursos tendrán mayores capacidades expresivas.
La libertad de expresión no es una pregunta en el vacío, sino una cuestión que debe plantearse teniendo muy presente la estructura social desigual, reconociendo como punto de partida las circunstancias particulares en la que se encuentran los diferentes actores (individuales o colectivos), es decir, sabiendo que no todos los ciudadanos ocupan la misma posición en las relaciones de producción y en las relaciones antagónicas y culturales. La libertad de expresión no puede pensarse más acá de la estructura social, prescindiendo de las desigualdades sociales, sino que debe tenerlas presentes todo el tiempo. Tal vez en el mundo de los liberales, compuesto por individuos autosuficientes, aislados y egoístas, individuos todos ellos que están en un mismo pie de igualdad, pueda plantearse a la libertad de expresión dejando de lado la estructura social. Pero en el mundo en que vivimos, con todos los problemas que existen, tenemos demasiadas razones para estar preocupados y recordarnos que no todos los individuos tienen las mismas oportunidades para expresarse libremente.

La estructura social nos está informando sobre la estructura de oportunidades para expresar las ideas y problemas. Nos está advirtiendo sobre la desigual distribución de recursos (económicos, políticos y culturales) para poder expresarse libremente. El poder (económico, político y cultural) está distribuido desigualmente, de modo que desapercibir ese carácter, postular a la igualdad formal como la manera adecuada de organizar la libertad de expresión, significa desapercibir la desigualdad real subyacente. Las oportunidades para hablar tienden a ser limitadas. Como señaló Fiss: “La expresión de opiniones se lleva a cabo en condiciones de escasez”. La oportunidad que tienen los distintos grupos de ciudadanos para comunicarse entre sí está, en principio, circunscrita a las oportunidades que derivan de su situación. “La escasez es la regla y no la excepción”, sobre todo aquellos que se encuentran en una situación desventajosa.

Por eso, la pregunta que se impone ahora es la siguiente: ¿cómo expresarse libremente, cómo actualizar la democracia? ¿Qué pueden hacer los actores sociales que, por las particulares circunstancias en las que se encuentran, no pueden esperar a la próxima elección para expresar sus problemas, para compartirlos con el resto de la comunidad? ¿Qué hacer cuando tampoco pueden acceder a los grandes medios masivos de comunicación, o accediendo a ellos tienen que adaptarse a las reglas del campo periodístico que no manejan y –por eso mismo- se subvierte el sentido que les quieren dar a las cosas? ¿Qué hacer para expresarse libremente? ¿Cuáles son las estrategias que pueden desarrollar aquellos actores de la sociedad civil para expresarse libremente? La respuesta a estas preguntas hay que buscarlas en el activismo del Estado pero también, sobre todo, más acá del Estado: en el activismo de la sociedad civil, al interior de la protesta social, en las distintas estrategias comunicacionales que desarrollan distintos grupos para expresar sus problemas, manifestar sus demandas, su percepción del mundo y la realidad. Estrategias de expresión colectiva que suponen un desafío para los intereses de las elites propietarias pero también para los actores políticos encargados de procesar los conflictos.

La protesta social es un “acontecimiento visible de acción pública contenciosa colectiva, orientada al sostenimiento de una demanda, en general con referencia directa o indirecta al Estado” (Schuster, 2005: 36). No se puede perder de vista la dimensión expresiva que encierra dicha acción. Las acciones de protesta facilitan la rápida difusión de los problemas hacia el resto de la comunidad, pero también entre las autoridades interpeladas por el conflicto. De allí que pueda ser referenciada como otra forma de expresarse libremente, solo que esta vez la expresión no se canaliza a través del sufragio o la prensa sino a través de manifestaciones públicas en espacios públicos, es decir, constituyendo “foros públicos” o “foros de expresión” (Fiss), abriendo “espacios de manifestación” (Rancière). El derecho a la protesta es la manera de actualizar la libre expresión, de ejercitar y volverla efectiva. A través de la protesta en los foros públicos, se producen espacios de comunicación a través de los cuales se busca arrojar luz sobre determinados problemas, recuperando el sentido sobre la realidad.

A veces, esos foros se producen ocupando espacios públicos concretos (una plaza, un parque, un puente o un edificio público) o desplazándose a través de ellos (una movilización por la calle, avenidas o rutas), y otras veces escribiendo en las paredes, las fachadas de los edificios o escaparates de la ciudad. El uso del grafiti, los esténciles, pintadas, tags; los pasacalles, pancartas, banderas, muñecos y marionetas gigantes; las radios abiertas y los festivales de música popular; las intervenciones culturales; las carteladas; la realización de reuniones en las instituciones del barrio o en la casa de otros vecinos; la conversación casa por casa; la distribución de volantes o cartillas en el barrio o el centro de la ciudad; incluso, las acciones de protesta propiamente dichas (como por ejemplo, los cortes de calle; los piquetes o barricadas; las manifestaciones y movilizaciones; las caminatas; la ocupación de edificios públicos; la huelga económica; la huelga política; la huelga de hambre; la petición masiva privada; los mítines o concentraciones; la algarabía, cacerolazos o bocinazos; etc.) son algunas de las estrategias desarrolladas por los grupos en situación de desventaja para practicar la comunicación comunitaria, y formar parte del autogobierno colectivo que supone la democracia.

Punto y aparte merecen los escraches. En Argentina, los escraches tienen una larga trayectoria que se remonta incluso más allá de los que protagonizara la agrupación HIJOS y luego la MESA de ESCRACHES. Cuando el estado está ausente y la policía se corrompe, la manera de sancionar a un vecino que le robaba al barrio era arrojando un balde pintura en la puerta de su casa. La misma técnica se utilizó en la década del ‘80, durante la hiperinflación, para marcar a los farmacéuticos que especulaban y se negaban a vender los remedios a los ciudadanos. Años más tarde, durante la crisis del 2001 y 2002, después del “corralito financiero”, fue la metodología utilizada por los ahorristas para protestar contra los bancos para que les devuelvan a los clientes sus ahorros.  

Pero si hay una experiencia que generalizó esta forma de protesta, que utilizara al escrache como estrategia de comunicación y política de confrontación fue la agrupación de ddhh HIJOS. En un contexto caracterizado por la impunidad (producto de las leyes de “obediencia debida” y “punto final” durante el alfonsinismo, y los indultos firmados por el ex presidente Menem) HIJOS dijo: “Si no hay justicia, hay escrache”. El escrache fue la manera de mantener vivo un reclamo de justicia pero también de practican una sanción moral y colectiva. Si los jueces no juzgaban, entonces la militancia social se encargaba. Los escraches eran un momento festivo, donde la militancia convocaba a la comunidad a practicar la justicia participativa y disputar la verdad que había sido proscripta por la clase dirigente.
Con el paso del tiempo, los escraches fueron delimitando sus rituales y estos se convirtieron en un insumo moral a través del cual los más jóvenes componían una identidad: Luego de las tareas de investigación previas, había un punto de concentración y desde allí marchaban, al compás de la murga, a la casa donde vivía el genocida mientras disponían señaléticas en el barrio. Una vez que llegaban al domicilio, se arrojaban bombitas de pinturas y piedras, se estampaban esténciles y pintaban grafitis, se realizaba una representación teatral paródica y luego se leía un comunicado. Todo eso mientras se repartía volantes entre los vecinos del barrio informando que en el vecindario vivía un torturador.

Los escraches, junto con los piquetes protagonizados por el movimiento de desocupados, fueron quizá las protestas más importantes y resonantes durante el neoliberalismo. Y también las más cuestionadas por la clase dirigente del momento. Estos, con el código penal en la mano, pretendieron transformar los conflictos sociales en litigios judiciales. Es lo que conocimos con el nombre de “la criminalización de la protesta social”. A través de la justicia se buscaba poner en caja el activismo social y al hacerlo se practicaba otra vez la censura política.  Para estos magistrados y fiscales, estas acciones constituían delitos que merecían la persecución. No estaban manifestándose sino ejerciendo coacción, dañando la propiedad privada, interrumpiendo los servicios públicos, etc. Para estos funcionarios, la constitución estaba para proteger solamente a los transeúntes y la democracia se acotaba a la lógica de la representación o el sufragio electoral. Cuando la participación es vista como problema, la protesta se judicializa y cunde la afasia cívica.

Por el contrario, cuando se piensa la protesta con la constitución en la mano, la pregunta que uno se hace no es cuál es el nivel de castigo adecuado sino cuánta protección necesita los actores en desventaja para que puedan expresarse libremente y de esa manera participar del autogobierno que define a la democracia. Se entiende entonces que el derecho a la protesta en una democracia tiene que ser considerado el primer derecho. El derecho a la protesta es el derecho a tener derechos, el derecho que llama a los otros derechos, puesto que nos permite hacer valer los otros derechos que tenemos. El derecho a peticionar a las autoridades en espacios públicos es la posibilidad de interpelar y hacer valer otros derechos, de expandir la ciudadanía, de hacer provechoso los estándares jurídicos internacionales que la Constitución incorporó como derecho propio. El derecho a la protesta es la herramienta jurídica para actualizar los derechos humanos, para hacer valer esos estándares internacionales reconocidos por los estados nacionales, derechos que se obligaron a actualizar para sus ciudadanos cuando suscribieron estos pactos.

El derecho a la protesta social, entonces, no es un derecho menor, es un derecho constitutivo de las democracias. Insistamos: es la oportunidad que tienen los grupos de ciudadanos desfavorecidos para establecer o retomar un diálogo con los representantes, la posibilidad concreta (en la medida en que no se tiene acceso a los grandes medios masivos de comunicación empresarial) para expresarse cotidianamente (y no cada dos o cuatro años) y de interpelar de una manera efectiva, a las respectivas autoridades de turno. Para decirlo de otra manera: la posibilidad de tornar visibles situaciones extremas que, aparentemente, y de otro modo, no alcanzarían a tener visibilidad pública.
Eso por un lado porque por el otro, la protesta social también tiene la función de fijar la agenda de los representantes. Constituye una gran herramienta para señalar los temas principales, pero también la oportunidad para que los ciudadanos manifiesten sus respectivos puntos de vista sobre cada una de las cuestiones. No hay que perder de vista que votar a un candidato implica votar a un conjunto de medidas, un paquete de medidas económicas y sociales que en ese momento (en el momento del sufragio) requieren de cierta resignación. Pero para que la elección no sea la firma de un “cheque en blanco” a los representantes elegidos, los ciudadanos necesitarán, en otro momento, de otras instancias de debate público para manifestar los matices, las prioridades y las intensidades. Porque tampoco se puede olvidar que cuando dos personas votaron por el mismo candidato, a lo mejor, las dos no están diciendo lo mismo, no estaban depositando la misma expectativa, habían llegado a su elección por razones distintas que deberán ser manifestadas y escuchadas llegado el momento. De allí que la protesta social permite también registrar las intensidades en la formación de las voluntades colectivas. El voto registra la extensión, pero no la intensidad. Cada persona vale un voto pero no todas las personas están diciendo lo mismo cuando votan. Hay matices y diferencias que no son relevadas en las elecciones pero pueden ser captadas y presentadas a través de las manifestaciones públicas. Al mismo tiempo la protesta permite que los ciudadanos puedan sacar temas de importancia pública durante el ínterin de cada gestión, ya sea como respuesta ante un cambio o giro de las políticas públicas proyectadas o como una manera de mantener viva la controversia entre elección y elección.

Para decirlo otra vez con las palabras de Fiss: “Aún cuando las elecciones sean cruciales en una democracia […] no debemos hacer de ellas, como lo hemos hecho, la medida completa de la democracia. Los suplementos o correctivos a veces son necesarios, y las políticas de confrontación, como los piquetes, pueden ser vistos como un suplemento útil del proceso electoral.” (Fiss, 2010: 81).

En definitiva, no hay libertad de expresión, al menos para los sectores desaventajados si esta no se efectiviza en forma colectiva a través de diferentes y creativas estrategias de comunicación que desbordan sus formatos clásicos (el voto, la prensa, radio y televisión). La desigualdad de oportunidades lleva a que las organizaciones sociales muchas veces tengan que desarrollar otras prácticas comunicativas creativas para hacer visibles sus problemas, para compartir con el resto de sus vecinos y ciudadanos las opiniones sobre los problemas que tienen. El derecho a la protesta es el derecho que tienen los sectores excluidos (de la economía o el juego político) o minoritarios de la sociedad para que el Estado y el resto de la sociedad los tengan en cuenta. Pero también el derecho de las mayorías a manifestar su apoyo a determinadas políticas públicas, de señalar su punto de vista sobre las cosas. El derecho a la protesta permite que esos sectores de la población puedan llamar la atención y participar en la resolución de los problemas que tiene, para que el Estado cumpla y satisfaga los derechos reconocidos en la Constitución; la oportunidad que tiene el pueblo para actualizar los derechos que el Estado le prometió alguna vez.

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