defending rights and civil liberties

2015

17

JUL

Nueva denuncia ante la ONU relativa a la reforma a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

Desde RIS nos hemos dirigido una vez más a la Relatora Especial de la ONU sobre independencia de jueces y abogados para expresarle nuestras preocupaciones en torno a la reforma a la justicia gratuita promovida por el Gobierno y su Grupo Parlamentario en el Congreso: el acceso a un abogado de oficio vuelve a estar en grave peligro en España.


El año pasado, RIS y el CGAE ya nos dirigimos a la Relatora poniendo de manifiesto que el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita “no mejora la ley vigente, introduce nuevas y graves restricciones al acceso a la justicia y plantea más trabas en la efectiva prestación del servicio de asistencia jurídica”.

Haciéndose eco de nuestra acción, la Relatora Especial envió al Gobierno español en noviembre de 2014 una carta de alegaciones “relativas a la posible vulneración del derecho de acceso a la justicia y a la efectiva prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita en el caso de que se adopte el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita“.

Recordamos que el Proyecto de Ley fue debatido en Comisión de Justicia, se propusieron en enmiendas, pero no llegó a aprobarse el informe de la ponencia por el Pleno del Congreso. La tramitación parlamentaria, que se puede consultar en la web del Congreso, parece que quedó aparcada el 25 de julio de 2014. 

Después de que el Proyecto de Ley estuviese un año parado en el Congreso, a principios de junio de 2015, el Grupo Parlamentario Popular impulsó una enmienda al Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Enjuiciamiento Civil, incluyendo una reforma encubierta a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (Disposición Final Tercera). La enmienda reproduce en su mayoría las disposiciones del Proyecto de Ley de 2014, fuerte y ampliamente criticado, como decíamos, por organizaciones de la sociedad civil, profesionales y colegios de abogados por crear una barrera al derecho de acceso a la justicia al limitar el acceso a un abogado de oficio.

Esto nos ha llevado a volver a contactar con la Relatora, esta vez de manera conjunta con la Brigada Tuitera. En el escrito que le hemos hecho llegar ahora, ponemos de relieve que las preocupaciones planteadas en previas comunicaciones con su oficina siguen plenamente vigentes.  En esta ocasión, además de denunciar la inminente aprobación de la reforma de la Ley de Justicia Gratuita (pues el texto se encuentra ya en el Senado, cámara donde el Grupo del Partido en el Gobierno dispone igualmente de mayoría) y la manera en la que esta cercena el acceso de la ciudadanía a un abogado de oficio y a la justicia, hemos querido señalar la  nefasta técnica jurídica empleada para aprobar una norma de tan hondo calado y que tanto afecta a la ciudadanía, pretendiendo esquivar la participación y consulta de la sociedad civil.

Es evidente que el procedimiento por el que se pretende adoptar esta reforma encubierta choca con un principio y valor inherente al Estado de Derecho: un proceso legislativo transparente, responsable, democrático y pluralista. Ni se ha explicado o justificado la necesidad de proceder de tal manera (introducir una enmienda a otra ley cuando ya se estaba tramitando un Proyecto de Ley específico de reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita), ni se ha sido transparente ni, por supuesto, se ha querido celebrar un debate público, plural y democrático con profesionales, expertos en derechos humanos ni colegios de abogados. El fin no parece ser otro que silenciar las voces críticas.

Por esta razón, hemos instado a la Relatora Especial a emprender una acción urgente a fin de hacerle llegar sus preocupaciones sobre esta reforma al Estado español. Igualmente, insistimos en la necesidad de que visite en misión oficial España para examinar la situación y verificar si se está cumpliendo o no con las obligaciones internacionales en materia de acceso a la justicia.